La imposible memoria común del franquismo y la Guerra Civil

Memoria colectiva no es memoria común. Compartir relato sobre lo ocurrido desde la sublevación militar del 36 hasta el abrazo del rey Juan Carlos a la viuda de Azaña (noviembre de 1978 en México) será imposible a la vista de las reacciones al proyecto de Ley de Memoria Democrática. Como a los socios del Gobierno les parece poco, irán más allá en la tramitación parlamentaria. A la derecha, en cambio, le parece demasiado. Vox se propone recurrirla 'sin ver' y el PP piensa derogarla cuando llegue al poder.

Malas noticias. Especialmente la referida al partido constituido en alternativa. En la celebración del tercer aniversario de su salto a la fama como líder de la fuerza política en disputa por la Moncloa, Pablo Casado no cuestionó el cercano gruñido de un exministro de la UCD, Ignacio Camuñas, cuando culpó al régimen republicano del golpe de Estado y la Guerra Civil. Las disculpas vinieron con el recuerdo de que el PP de Aznar había condenado hace 20 años el golpe de Estado del “18 de julio”.

Concordia es forjar en la educación de los españoles un mismo relato a la luz de valores compartidos como democracia y DDHH

Casado sale ahora con resbaladizos argumentos que desembocan en un 'no es no' a la memoria común sobre la Guerra Civil y la larga noche de la dictadura. Su declarada intención consiste en sustituir la futura Ley de Memoria Democrática, una vez pasada por el BOE, por una Ley de la Concordia. Como si su antítesis, la discordia, fuese el 'leitmotiv' y la inconfesable perversión de Sánchez. Concordia es el intento de forjar en la educación de los nuevos españoles un mismo relato a la luz de valores tan compartidos como democracia, derechos humanos o respeto al otro.

La puesta en práctica de esos valores dará lugar a una normativa articulada sobre diversos campos de actuación en la esfera pública: judicial, educativo, legislativo, simbólico, etc. Nada que pueda asociarse al resentimiento o el revanchismo, ya superados en una transición apacible del franquismo a la democracia. Ahora se trata de regular el apadrinamiento del Estado en la búsqueda de desaparecidos (banco de ADN), exhumaciones, anulación de juicios represivos por razones ideológicas, prohibición del enaltecimiento público del franquismo que suponga humillación de sus víctimas y no vulnere la libertad de expresión (el informe del CGPJ es bastante claro en este sentido), creación de una fiscalía de sala para esclarecer causas criminales no resueltas, etc.

Es inabarcable la deuda del Estado con quienes tuvieron hambre y sed de justicia durante los 85 años pasados desde el golpe de Estado de 1936

No es venganza. Es reparación, amparo y reconocimiento de las víctimas de la barbarie franquista. Por un país “más digno” y “más humano”, como dijo el ministro Bolaños al presentar el proyecto de ley. Y tampoco se trata ya de compensaciones económicas como las contempladas en la Ley de Memoria Histórica de 2007, sino de un intangible: la dignidad de los vencidos en guerra y humillados en la dictadura.

Demasiado poco en comparación con la inabarcable deuda moral del Estado con quienes tuvieron hambre y sed de justicia durante los 85 años transcurridos desde aquel '17 a las 17', cuando la guarnición militar de Melilla proclamó el estado de guerra. Ahí empezó todo, con el fusilamiento inmediato de quienes en aquel momento representaban la legitimidad del poder civil, el alto comisario Álvarez Buylla, y del poder militar, los generales Gómez Morato y Romerales.

Fueron los primeros pasos de un golpe de Estado dirigido por el general Emilio Mola ('el director'), cuyo fracaso desencadenó la Guerra Civil y anticipó el no menos sangriento choque de trenes (democracia versus fascismo) en el corazón de Europa. Las secuelas tienen vida propia en nuestra memoria y respiran a través de la literatura, las hemerotecas, la política, el cine o, simplemente, las conversaciones entre hijos, nietos y bisnietos de los españolitos con el corazón congelado por una de las dos Españas.