Salvar vidas nunca será "inconstitucional"

Por tercera vez el Tribunal Constitucional reprueba al Gobierno por no utilizar los marcos legales adecuados contra el covid. Pero ni cuarenta y ocho horas pasaron desde que tumbó el último estado de alarma decretado hace un año y el asunto ya se había perdido en la polvareda.

El endosamiento a las comunidades autónomas del atropello a los derechos fundamentales ("cogobernanza") o la falta de control parlamentario se convirtieron en grano de anís ante los líos de la coalición PSOE-UP, la última entrega sobre los dineros negros del PP o el historial de los nuevos magistrados del TC.

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Sin embargo, el trallazo institucional sobre el funcionamiento del sistema es en teoría gravísimo. Y no se agota en las soflamas de la parte derecha del quiosco contra la "deriva autoritaria" de Sánchez. Constatar el varapalo al Ejecutivo es quedarse corto, porque en realidad se tumba una decisión del Parlamento, que es el depositario de la soberanía nacional. ¿O hace falta recordar que los seis meses del estado de alarma con rendición de cuentas cada dos meses fueron aprobados por el Congreso por una sobradísima mayoría absoluta? (194 votos favorables).

Nos dice el alto tribunal que fue inconstitucional la herramienta utilizada en la guerra a la pandemia. Así que no se objetan los esfuerzos del Gobierno en nombre de la salud pública, ni siquiera la restricción de derechos, sino el inadecuado marco legal que se utilizó. Y en este punto uno se pregunta si los poderes públicos deberían afinar más en el respeto a las formalidades jurídicas que en la forma de salvar vidas. Pregunta hecha desde la convicción moral de que, a la vista del resultado, se ganó la batalla y el Gobierno hizo bien cosas.

El varapalo no es solo al Ejecutivo. También se tumba una decisión del Parlamento, depositario de la soberanía nacional

Si es un hecho el desplome de los contagios gracias a las vacunas, el encierro, las restricciones, etc., me parece superfluo, absurdo, innecesario, crear un choque institucional sobre la falta de afinamiento a la hora de elegir el mejor camino legal para doblegar la famosa curva. Tal vez esta impresión del columnista respecto a los escrúpulos jurídicos en una emergencia sanitaria esté más extendida de lo que parece y explique el escaso impacto político y mediático de las sentencias del TC contra los estados de alarma en tiempo de pandemia.

Ni dentro ni fuera del perímetro de la M-30 hemos visto por ningún lado a ciudadanos irritados por su atropellado derecho a la fiscalización del poder. Y en los pasillos de los hospitales no se discutía sobre si no hubiera sido mejor el estado de excepción que el de alarma como resorte legal del confinamiento.

Tampoco ahora se molesta nadie en averiguar si el esfuerzo de los poderes públicos por salvar vidas amenazadas de covid pudo haber sido "inconstitucional". Solo a los muy cafeteros les debería llamar la atención que el recurso lo presentó un partido de la ultraderecha (dicho solo por su distancia al centro del sistema, no por falta de legitimidad) y que la sentencia dividió a los propios magistrados (seis a cuatro).

Es significativo que el recurso lo presentara Vox y que el fallo dividiera a los propios magistrados del TC (seis a cuatro)

Sí me parece significativo que de todo el espectro político solo a Vox se le ocurriese objetar los planes del Gobierno en el combate contra el virus. Tan relevante como que el TC se divida en un asunto que pone a prueba la relación entre las altas instituciones del Estado. Pero de ninguna manera esos dos vectores del análisis —insisto, solo para muy cafeteros—, nos debe llevar a la conclusión bárbara de que Sánchez secuestró a los españoles durante seis meses, según la tesis de Vox, el recurrente.

En cualquier caso, no habría sido Sánchez el reprobado. Ni siquiera el Gobierno, sino el mismísimo órgano de la soberanía nacional que dio su conformidad a las medidas del Ejecutivo declaradas "inconstitucionales".