Se atasca el abolicionismo de la prostitución

De los tres compromisos derogatorios de Pedro Sánchez en el reciente congreso del PSOE, dos están en camino (reforma laboral y ley mordaza) y uno parece estancado: abolir la prostitución antes de que termine la legislatura por medio de una ley integral que acabe con un comercio carnal que “esclaviza a las mujeres” e incluya sancionar a los “prostituidores” (sic) y castigar todo tipo de proxenetismo.

Es doctrina de la exvicepresidenta Carmen Calvo, reflejada en un borrador del verano pasado que exalta la dignidad de la mujer y abomina de que “nuestra libertad sexual pueda convertirse en una mercancía”. Ahí están los principales vectores del fenómeno. Controvertidos todos ellos, porque el Estado no es quién para meterse entre las piernas de sus ciudadanos, titularizar la dignidad de una mujer y confiscar su libre albedrío.

El Estado no es quién para meterse entre las piernas de sus ciudadanos, titularizar la dignidad de una mujer y confiscar su libre albedrío

“Por mujeres como Carmen Calvo e Irene Montero las putas somos feministas en defensa propia”, declaraba en abril de este año la barcelonesa Conxa Borrell, líder de Otras (sindicato de trabajadoras sexuales), en respuesta a una terminante afirmación de la entonces vicepresidenta: “Esto no es una profesión”. Y se supone que ese parecer sigue vivo en Sánchez, pero está en abierta contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en junio de este año reconoció el derecho de las prostitutas a sindicarse.

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El abolicionismo se basa en la falsa premisa de que las mujeres no son dueñas de su cuerpo. Otros vemos más peligrosa la tendencia a aplicar ese salmo patriarcal y sobreprotector que asume el despotismo feminista sin escuchar a las llamadas trabajadoras sexuales: todo por ellas, pero sin ellas.

Menos de un mes ha pasado desde aquel discurso de clausura del presidente en el cónclave nacional de su partido y nadie sabe cuál será el paso siguiente. Una proposición de ley, tal vez. O sea, una iniciativa legislativa del grupo parlamentario socialista. No del Gobierno, en forma de proyecto de ley, como quiso Calvo, con un borrador que no convenció a sus socios.

El Tribunal Supremo reconoció en junio de este año el derecho de las prostitutas a sindicarse

La discrepancia persiste. De hecho, en Unidas Podemos creen que no será posible aprobar una ley integral contra la prostitución en los dos años que restan de legislatura. Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, no apuesta por la prohibición sino por la educación sexual que desincentive la demanda sin sancionar a los consumidores, aunque en el partido morado también tienen su propio debate sobre cómo afrontar el reto.

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Así que estamos a la espera de saber en qué términos piensa el partido de Pedro Sánchez llevar su abolicionismo al Boletín Oficial del Estado ante una opinión pública convencida de que prohibir la prostitución es como prohibir la ley de la gravedad, en un país puntero en el consumo de sexo pagado que mueve unos 18.000 millones de euros anuales no confesados al fisco y, en fin, donde casi la mitad de la población masculina reconoce haber pagado por este tipo de 'servicios'.

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Pero una cosa es prohibir y otra regular. Y es precisamente la apremiante necesidad de regular una práctica imposible de erradicar lo que está en juego. No es admisible que esa práctica esté legalmente camuflada en normativas hosteleras a escala municipal. O que conductas de relevancia penal, como el proxenetismo o las mafias que trafican con mujeres, no estén mejor descritas en una ley específica que regule la prostitución.