Ese infierno social del que habla Pepe Álvarez

La ira televisada de los trabajadores del metal en Cádiz, el asalto de los ganaderos a los supermercados o los huevos arrojados por los transportistas contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, son los precedentes visibles de la que se avecina. Con esto no contaba Pedro Sánchez. Pero las movilizaciones en la calle le pueden arruinar la fiesta de las vacunaciones y el volquete multimillonario de la UE.

Vector fijo de los analistas: la complicidad del actual Gobierno de coalición (PSOE-UP) con las grandes centrales sindicales es un freno a la expresión pública del malestar social. Sin embargo, esa premisa quedó cuestionada por el secretario general de la UGT, José María Álvarez, cuando hace unos días tomó como referencia la huelga del metal de Cádiz para advertir de que, si las patronales no se sientan a discutir las reivindicaciones salariales en el marco de la negociación colectiva, “podría decir que vamos a convertir este invierno en un infierno”.

El hartazgo de las provincias olvidadas, dispuestas a utilizar la ley D’Hondt para cantonalizar la política española y dar el tiro de gracia al bipartidismo predominante hasta la fecha, va a juntarse con el cabreo sectorial de campesinos, transportistas, agentes del orden, trabajadores del metal, peluqueros, maquinistas de Renfe, funcionarios de prisiones, cuidadoras, pensionistas, interinos de la Administración, médicos, enfermeras, etc.

Con esto no contaba Sánchez. Las protestas en la calle pueden arruinarle la fiesta de las vacunaciones y el volquete de millones de la UE

Los ingredientes del caldo de cultivo son bien conocidos: drástico recorte en las previsiones de crecimiento (por tanto, unos PGE 22 inservibles), salarios apuñalados por la inflación (se dispara la cesta de la compra) y la desconfianza de un Gobierno alejado de las preocupaciones reales de la gente y una clase política que no responde a las demandas de la sociedad.

Ese tercer ingrediente explica la anunciada disposición del PP a echarse a la calle para capitalizar el malestar social contra el Gobierno (Pilar Gómez, EC, 19-11-21). Antes de que Vox le gane por la mano o, tal vez peor, dispuesto a correr el riesgo de seguir asociando su marca a la de la extrema derecha.

Pablo Casado refirió el anuncio a su intención de apoyar las protestas de los campesinos (agricultores y ganaderos), así como las de policías y guardias civiles que esta semana se plantarán ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno por la mejora de sus condiciones salariales y contra la reforma de la llamada ley mordaza. El secretario general del PP, García Egea, generaliza la advertencia y no disimula su intención de ponerse junto a la gente que “ya no aguanta más”, dice.

El caldo de cultivo: recorte en las previsiones de crecimiento, salarios apuñalados por la inflación y la desconfianza en el Gobierno

Madrid sigue siendo el rompeolas del descontento. Atentos al revelador número de manifestaciones registradas este año: 3.074. Más que las registradas en todo el año prepandémico de 2019. Y aunque mi compañero y amigo Carlos Sánchez teorice sobre la declinante sismografía de las movilizaciones sociales (una especie de lujo burgués de los trabajadores mejor tratados por el sistema, viene a decir), el creciente malestar de los asalariados y los autónomos agitará irremediablemente el tablero de la política nacional en la segunda parte de la legislatura.

Con el Gobierno entretenido en culminar las reformas vinculadas a los desembolsos de la multimillonaria ayuda europea, las movilizaciones sociales que se avecinan van a convertirse, a mi juicio, en un nuevo elemento de inestabilidad política. Y vamos a ver cómo la calle se une a las tertulias mediáticas como espacio preferente de un debate político alejado del Parlamento, donde ya todo se produce con la burocrática normalidad del trámite precocinado.