Cuando el delincuente es un presunto manifestante

El medio escrito de inquebrantable adhesión a la causa de Pedro Sánchez sostiene en línea editorial que la llamada ley mordaza, aprobada en 2015 por el Gobierno de Rajoy, se redactó basándose en criterios “fuertemente represivos” y “rasgos de Estado policial” inspirados en la idea de que el manifestante es un presunto delincuente.

Una revisión a fondo de ese texto legal (en el BOE, Ley de Seguridad Ciudadana) puede ser justa, necesaria y apremiante. Pero no hasta el punto de que los reformadores se inspiren en la idea de que el delincuente es un presunto manifestante. Entonces, estaríamos en las mismas.

La delincuencia televisada no tiene nada de presunta. Se perpetra a la vista de todos. Hasta los adoquines de la calle saben con qué facilidad se desborda el legítimo derecho de manifestación, que no es de barra libre. Como todos los demás, está limitado. A nadie se le ocurre, por ejemplo, proponer la tolerancia de la injuria, la calumnia, el delito de odio, la amenaza, a mayor gloria de la libertad de expresión.

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Alejandro Mata

¿Acaso las fuerzas del orden deben permanecer impasibles ante las agresiones a los agentes, la obstrucción de la vía pública, el vandalismo, los saqueos o la quema de contenedores, para que así el periódico amigo pueda celebrar que al fin el Estado permisivo sustituye al Estado policial implantado hace seis años por una mayoría parlamentaria del PP?

Haremos un pan de obleas si fletamos de nuevo una ley que media España (la que está en el poder) arroja contra la otra media (la que está en la oposición). Esto también ocurre, por desgracia, con la educación, la memoria histórica, la renovación de órganos constitucionales y otros asuntos de Estado que no deberían depender de la aritmética parlamentaria sino de la voluntad de consenso del que gobierna y del que puede gobernar en nombre de los intereses generales.

El orden público es tan de interés general como la salud pública, la hacienda pública, las carreteras, las farolas de la calle, el alcantarillado o la recogida de basuras. Y en el ejercicio de su función, los agentes del orden no son de izquierdas ni de derechas, sino servidores de la ciudadanía. Gobierne quien gobierne y se vote a quien se vote en las urnas.

Haremos un pan de obleas si fletamos de nuevo una ley de seguridad ciudadana de media España contra la otra media

Es insoportable que la inequívoca condición democrática de los cuerpos de Seguridad se cuestione en una reforma politizada desde el recelo ante protocolos de actuación homologables a los de otras policías de nuestro entorno. Pero tan escandalosa es la politización de la reforma como la de la protesta policial, en la que se oyeron gritos de “presidente, presidente” dedicados a Santiago Abascal (Vox), que en la Puerta del Sol se convirtieron en “presidenta, presidenta” dedicados a Díaz Ayuso.

Señalarlo es una forma de echarse las manos a la cabeza. No tanto, aunque también, por el amontonamiento de sindicatos policiales y dirigentes de la derecha en la masiva manifestación del sábado, como si se diera por descontado que la izquierda (ahora gobernante) no simpatiza con la Policía.

Tan escandalosa es la politización de la reforma como la de la protesta policial, en la que Abascal (Vox) y Ayuso (PP) fueron jaleados

Escandaliza más el hecho de que los propios agentes (nacionales, autonómicos y locales), con sus familias y sus organizaciones profesionales, hayan sentido la necesidad de denunciar en la calle el sesgo de la reforma apadrinada por PSOE y Podemos al gusto de su extraña alianza con los nacionalismos. Y no al gusto de los afectados, que se quejan con razón de no tener voz ni voto en la reforma que se está fraguando en el Congreso.

Su denuncia pública coincide con la voluntad de los españoles: “No a la inseguridad ciudadana”. Eso rezaba la pancarta principal. Y volverá a rezar en la concentración de policías frente al Congreso, convocada para el 14 de diciembre, cuando empiecen a estudiarse las enmiendas en la comisión de Interior.