Los abusos de la clerecía llegan al Congreso

El escándalo de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, reactivado por el diario 'El País' a escala nacional, ha entrado con fuerza desigual en los circuitos mediáticos. Una iniciativa parlamentaria de los socios del Gobierno aspira a colocarlo en los circuitos políticos. Un suponer: si se ha conseguido con la violencia de género, cuya visibilidad ha forjado un alto nivel de conciencia en la sociedad española, también podrá hacerse con esta lacra no menos insoportable.

Los amigos de Sánchez (Podemos, Bildu y ERC) han registrado en el Congreso la solicitud de una comisión de investigación sobre los abusos cometidos en espacios educativos y religiosos dependientes de la Iglesia católica. El Gobierno está pensando si debe apoyar su creación o no. A través del ministro Bolaños y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se ha limitado a expresar su solidaridad con las víctimas.

En mi opinión, tendrán que apoyarla si de verdad es sincero ese humano sentimiento de cercanía. No hacerlo, en línea con la posición ya anticipada por PP y Vox, significará que Gobierno y el PSOE atienden a razones más poderosas, pero no más nobles que el arropamiento y la reparación reclamados con efecto retroactivo por quienes sufrieron los abusos.

Si el Gobierno no apoya la comisión significará que atiende a razones más poderosas, no más nobles, que la solidaridad con las víctimas

No sé por qué estas reclamaciones han de ser menos atendibles o apremiantes que las derivadas de la indebida apropiación de bienes inmuebles por parte de la Iglesia, con el pactado desenlace conocido hace unos días.

Lo que pasó ya pasó. No se trata de que diputados, víctimas y jerarcas de la Iglesia Católica española acaben llorando juntos en sede parlamentaria ante el previsible desfile de casos, de saber si es crimen o pecado o si los abusadores han de ir a la cárcel o al infierno, sino de impedir la impunidad en lo sucesivo, creando las condiciones que venzan la tentación de esconder la miseria debajo de la alfombra. Por supuesto, con la colaboración de la inmensa mayoría de clérigos y educadores religiosos. Los más interesados en cortar la mala hierba. Más lo estarán si el problema sigue ganando visibilidad. Una razón añadida a los beneficios de una comisión 'ad hoc' en el templo de la palabra.

Se trata, en fin, de abrir la herida, sin restricciones debidas a inercias culturales, históricas o institucionales. Y ser operativos en propuestas finales orientadas a prevenir y castigar (vía penal, por supuesto) a los autores de tan aberrantes conductas, incluida la del encubridor, que desborda el perímetro de lo individual para afectar al corporativo o institucional.

No se trata de que diputados, víctimas y jerarcas de la Iglesia española acaben llorando juntos ante el previsible desfile de casos

El margen es muy amplio. Desde la labor inspectora del Estado, a través del Ministerio de Educación, hasta la capacidad legislativa de las Cortes, en cuyo seno se propone la comisión investigadora. El poder civil dispone de resortes gubernativos, administrativos, policiales y judiciales para afrontar este crimen contra el ser humano en la etapa más vulnerable de su formación. Un lugar adecuado para reactivarlos es dicha comisión.

Que el poder religioso reflexione sobre si la estigmatización de la sexualidad, el celibato y el voto de castidad son fuentes de virtud o de vicio que llevan al infierno o a la cárcel. Al poder civil le toca reflexionar sobre el modo de instituir una sociedad sana, levantando alfombras, haciendo cumplir las leyes y persiguiendo los delitos. Además de los medios de comunicación, para hacer esas tareas no hay mejor caja de resonancia que la sede de la soberanía nacional.