Estado de derecho y expediente Pegasus

Vuelve el independentismo crecido en horas bajas, gracias a la oportunidad que le da Pegasus de recuperar el papel de virgen ofendida. El que mejor se le da. Y frente a eso, la indefensión del Gobierno, encogido en la respuesta por un inesquivable deber de legalidad, tiende a generar actitudes complacientes frente a las exigencias del presidente de la Generalitat.

Pere Aragonès amenaza la continuidad del llamado bloque de investidura de Sánchez si no ruedan cabezas por el expediente Pegasus (nombre del 'software' utilizado en el presunto espionaje a dirigentes políticos y sociales del independentismo). Y Moncloa llega hasta donde puede llegar en materia de secretos oficiales, según lo prometido por el ministro Bolaños tras su encuentro de este domingo con la consejera Villagrá:

Uno, permitir que el defensor del pueblo actúe de oficio para saber si se ha producido un uso inadecuado del 'software' Pegasus. Y dos, constituir en el Congreso la llamada comisión de secretos oficiales (nombre oficial: comisión de gastos reservados) para que se ocupe cuanto antes del culebrón desencadenado por Citizen Lab, un equipo de la Universidad de Toronto para el que trabaja, entre otros, Elies Campo, un conocido independentista que fue alto cargo en Telegram (red de mensajería instantánea de origen ruso).

Si se desvelasen las legales operaciones de espionaje del CNI, se cometería un delito. Eso también afectará al defensor del pueblo

Es parecido a las exigencias formuladas en su público rasgado de vestiduras por el presidente de la Generalitat: investigación interna de un organismo del Estado y comisión parlamentaria que indague en lo ocurrido y exija responsabilidades. Pero la muralla china frente a la transparencia exigida por Aragonès no se ha movido de su sitio. A saber:

Si el Gobierno, como responsable de los servicios secretos del Estado, desvelara con todo lujo de detalles sus operaciones de espionaje (siempre con autorización judicial, siempre con carácter excepcional y selectivo), estaría cometiendo un delito. Y eso también afectará al defensor del pueblo cuando pida información al CNI. Así de claro, así de simple.

Cada uno es libre de ponerse a un lado u otro de la barricada. El independentismo y una parte del Gobierno hablan de espionaje-masivo-del-Estado-español-por-razones-políticas, frente al relato acomplejado de Moncloa, que admite la posibilidad de que se haya producido un espionaje ocasional, selectivo y legal. Nada raro, oiga. Como hace cualquier otro Estado democrático, en cuyo funcionamiento los servicios secretos son tan necesarios como la ordenación del tráfico, el pago de las pensiones o los planes de salud pública.

En el funcionamiento de un Estado, los servicios secretos son tan necesarios como la ordenación del tráfico o el pago de las pensiones

En este asunto no basta con ponerse estupendos en nombre de la democracia y los derechos fundamentales (ver artículo 18 de la Constitución). También hay que saber cómo funciona el Estado y cómo cumple su obligación de prevenir delitos, incluidos los ataques al orden constitucional, en un marco de legalidad. Si se ha desbordado, sanciónese y exíjanse responsabilidades. Pero por los cauces habilitados por las leyes, no por los que decida el pensamiento oportunista de una fuerza política.

Si el independentismo no se siente parte del Estado español, a nadie puede extrañar que tampoco se sienta concernido por sus marcos legales. Por eso me parece adecuada la primera reacción del presidente del Gobierno al informe de Citizen Lab (muy especulativo y muy poco concluyente).

Dijo Sánchez entonces que "España es un Estado de derecho". Cierto. Y no dejará de serlo por el hecho de que sus servicios secretos espíen con autorización judicial y en legítima defensa frente a los ataques de los declarados enemigos del orden constitucional vigente.

Por su propia naturaleza, a los servicios secretos no hay que pedirles transparencia, sino eficacia en el desempeño de su tarea. La misma eficacia que debemos pedir a la Dirección General de Tráfico, al INEM o a la Agencia Tributaria.