El porqué de las cuentas abiertas del Rey

Transparencia y ejemplaridad son los dos términos de la oración recitada al unísono por Zarzuela y Moncloa. El Rey hace público su patrimonio y el Gobierno aprueba un decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real con fiscalización económica de la Corona por parte del Tribunal de Cuentas, como cualquier otro organismo del Estado.

La moraleja habita en la relación causa-efecto entre los dos conceptos. Sin los malos ejemplos del padre, no habría hecho falta la transparencia del hijo. Sin los furtivos negocios del exrey, el Gobierno se hubiera ahorrado el decreto de cuentas abiertas de la Corona aprobado ayer en Consejo de Ministros.

Felipe VI inicia la operación de transparencia y pacta con el Gobierno la reforma de su Casa

José Antonio Zarzalejos

El constituyente de 1978 dio por descontada la ejemplaridad de la primera autoridad del Estado. Así que se limitó a blindarlo frente al oportunismo de terceros, sin regular nada que presumiera dudas sobre la venidera honorabilidad del Rey. La confianza, ante todo. Por la propia autoestima de un pueblo políticamente organizado, sin ir más lejos en la argumentación.

El constituyente dio por descontada la honorabilidad del jefe del Estado y se limitó a blindarlo frente al oportunismo de terceros

Todo eso es lo que ha decaído con los escándalos protagonizados por el llamado Rey emérito. Ya sabemos que esa figura, encarnada ahora por su hijo, lo que representa, lo que debería representar, ha bajado del pedestal, hasta el punto de hacer necesarias las decisiones de cuentas abiertas tomadas personalmente por el Rey actual e institucionalmente por el Gobierno.

Estoy seguro de que Felipe VI airea sus cuentas “por convicción y no por oportunismo”, como sostiene Zarzuela. De acuerdo. No me cabe ninguna duda de su empeño personal en mostrarse ante la ciudadanía no tanto como un jefe de Estado honorable, sino como el más ejemplar de los servidores públicos.

De hecho, las medidas previstas en el decreto sobre rendición de cuentas, inventario de regalos, protocolos de contratación, control de gastos a cargo del presupuesto asignado oficialmente (unos ocho millones de euros al año), etc., ya eran prácticas habituales en el funcionamiento de la Casa del Rey.

Pero si tanto el Gobierno como la Casa del Rey, que han trabajado conjuntamente en los contenidos del decreto, coinciden en que se trata de “reforzar la confianza de los ciudadanos en la Corona”, es porque esa confianza es endeble. ¿O no?

Desde esa perspectiva, no ha sido una buena idea excluir a las organizaciones políticas antimonárquicas (a excepción de la gubernamental Unidas Podemos) del ejercicio preliminar de transparencia que hizo Felipe VI antes de aprobarse el decreto del Gobierno, al enviar su declaración de bienes (2,5 millones de euros) a los partidos de base parlamentaria.

Y no porque aquellas fuerzas alérgicas a la institución monárquica fueran a mirarla con mejores ojos, sino porque son representantes de la voluntad popular.

Hasta los enemigos del Estado están amparados por el hospitalario 'pacto constitucional' de 1978

Hasta los enemigos del Estado están amparados por el 'pacto constitucional' que, entre otras cosas, contempla el dogma civil de la libre circulación de ideas y opiniones dentro de los marcos legales.

Que Zarzuela les haya negado esos datos, de libre acceso a través de los medios de comunicación, no es legal ni ilegal, porque dependía exclusivamente de la voluntad de Felipe VI. Se quedó en innecesario gesto testimonial que, además, se ha justificado con una errónea alusión al hospitalario pacto constitucional de 1978.