¿Existe ETA? ¿Existe Franco?

La estúpida bronca parlamentaria del jueves pasado en torno a la Ley de Memoria Democrática nos ofreció una imagen rezagada de las dos Españas. Unos dijeron que ha sido redactada por ETA. Y los de enfrente, que la transición del 78 legalizó el fascismo en lugar de derrotarlo.

El intercambio de golpes bajos tuvo fiel reflejo en las terminales mediáticas de cada bando. Un aguerrido palmero del bloque progresista y plurinacional escribía ayer que Bildu (la coalición en la que se alojan los herederos políticos de ETA) ha dado una lección moral a la derecha. Y un conocido comunicador del bloque contrario (dos derechas crecidas en las encuestas) escribió que Sánchez empatiza más con las víctimas del franquismo que con las de ETA.

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Desalentador, absurdo, injusto e insidioso cruce de pedradas. El consuelo: eso no desborda la burbuja político-mediática con poco éxito de público en los debates de la semana no relacionados con las cosas. La gente no está en obsoletas batallas ideológicas que nos devuelven la imagen pixelada de una guerra civil.

Si partimos de la intransferible condición moral del individuo, no hipotecada por ninguna forma de disciplina asociativa, se entiende que se nos haya quedado cara de tontos a quienes creemos que tanto el franquismo como ETA (dos formas de totalitarismo, según las plantillas de Hanna Arendt), son incompatibles con la democracia.

Solo media clase política comparte la mitad de esta tesis. Y las dos mitades se apedrean desde la barricada de enfrente. Con argumentos de la misma índole. Ambas se acusan de utilizar a las víctimas como comodines de sus respectivos objetivos políticos. Las del franquismo, por un lado. Las de ETA, por otro. Como si unas fueran de mejor condición que otras. Como si los derechos humanos, la filantropía y el sentido común también hubieran elegido bando. Qué barbaridad.

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Sin dejar de aplaudir el arropamiento y la ayuda a los familiares de las víctimas del franquismo, en línea con el espíritu de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero (2007), algunos señalamos la aberración de que Sánchez haya permitido que los primeros gobiernos constitucionales (1979- 1983) aparezcan en el BOE como una continuación de la dictadura franquista.

Esa exigencia de Bildu, canjeable por su contribución a la continuidad de Sánchez en la Moncloa, invita a equiparar la guerra sucia del Estado (reactiva pero condenable) con los 854 asesinatos de ETA, su sistematizada violación de los derechos humanos y su calculado ataque al recién nacido sistema de libertades forjado en la transición. Y eso es inaceptable, entonces y ahora, antes y después de renunciar a la violencia. Aunque solo sea por respeto a las víctimas. Y denunciarlo no se desactiva con el sofisma de Sánchez: "ETA ya no existe".

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No es un buen argumento. Salvo que, por amor a la simetría, Sánchez lo aplique también a la dictadura franquista, una apelación recurrente en sus iniciativas legislativas. Si reclama al de enfrente la renuncia a usar políticamente el rastro de ETA, el de enfrente también le pedirá que deje él de utilizar el franquismo y la guerra civil para complacer a sus aliados.

Claro que ETA ya no existe. Es el pasado. Pero la batalla por forjar un relato justo de lo ocurrido es tan presente como el acertijo de Yolanda o las balas de Rufián. Presente vivo es la exigencia de que el sentimiento de Bildu por el dolor causado por aquella banda terrorista no se despache junto a una visión unilateral del pasado.

Y de rabiosa actualidad es que, además de la condolencia con las víctimas por el dolor causado, Bildu se ofrezca a colaborar en el esclarecimiento de los 379 crímenes de ETA que siguen impunes, según un informe del Parlamento Europeo.