La vuelta de Anna Gabriel al redil de la Justicia española

Sorprende que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer nadie preguntase a la ministra portavoz por la inesperada comparecencia ante el Tribunal Supremo de Anna Gabriel, exdiputada de la CUP en el Parlament, tras su autodestierro de cuatro años en Suiza ('cuatro años de exilio', según la jerga enlatada del independentismo).

Buena noticia. El llamado conflicto catalán se va perdiendo en la polvareda y en los cara a cara de Sánchez y Aragonès ya solo se habla de las cosas de comer. Sin embargo, el desinterés mediático por el retorno de Gabriel a la legalidad vigente privó al Gobierno de remediar en parte su déficit de relato sobre las cosas bien hechas y mal explicadas.

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Así que en Moncloa se quedaron sin vender una prueba más de su contribución a sofocar el incendio de Cataluña. En cualquier caso, que una de las personas reclamadas judicialmente por los hechos del 1 de octubre de 2017 (referéndum y posterior declaración unilateral de independencia), en situación procesal de “rebeldía”, se ponga a disposición del juez Llarena, es un triunfo del Estado de derecho sobre la teología de una determinada fuerza política catalana, legítima en sus aspiraciones secesionistas y tan sometida al imperio de la ley como cualquier otra.

Si hasta una subversiva dirigente de la CUP en los tiempos recios del 'procés' decide ponerse a disposición de la Justicia después de cuatro años de autodestierro y cambio de 'look' en Suiza, de repente, sin anestesia, sin más consecuencias inmediatas que irse a su casa o volver a Ginebra sin grilletes, a la espera de ser llamada a declarar, es que el Estado español no es tan represor como dice, por ejemplo, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, convencida de que los jueces la han tomado con ella por razones políticas.

Parece que el Estado español no es tan represor como dice, por ejemplo, la presidenta del Parlament, Laura Borràs

En nada es comparable el juez Llarena con esas “reliquias franquistas que te obligan a decir lo que no sientes” de las que habla Anna Gabriel. No consta que el magistrado le haya pedido algo así. Ella decidió libremente escapar de la Justicia en febrero de 2018 y ella ha preferido recuperar “libertad de movimientos” como algo más apremiante que ganarse un puesto en el santoral del independentismo.

En el hecho de que haya tardado cuatro años en descubrirlo, tras su “análisis de situación”, incluidos los motivos personales, ha debido influir que el santoral ya estaba ocupado por los meritorios de Lledoners, Wad-Ras y Puig de las Basses.

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A quien encarnó la línea dura del independentismo anticapitalista ya no le compensaba seguir echando de menos la llamada de la tierra. Además, Suiza es muy aburrida. Nada comparable a la envolvente llamada del Mediterráneo o, aunque solo sea, la del Llobregat, que es el río que pasa por su pueblo.

Como la especulación es libre, se han disparado las quinielas sobre el posible contagio del ejemplo de Gabriel, en la línea ya marcada por Meritxell Serret, una exconsejera de ERC autodesterrada en Bélgica hasta que decidió desmarcarse de la estrategia de los fugados y entregarse a la Justicia en marzo de 2021 (actualmente diputada del Parlament y en libertad provisional).

No es comparable el juez Llarena con esas “reliquias franquistas que te obligan a decir lo que no sientes” de las que habla Anna Gabriel

Las especulaciones alcanzan al más notable de los fugados, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cada vez más solo en Waterloo con su irrelevante Consell per la República. Claro que no es lo mismo estar procesado por secesión (penas de cárcel) que estarlo por desobediencia (multa e inhabilitación), pero eso no le ha impedido hablar de la “anomalía democrática” que ha supuesto la fuga de Gabriel a Suiza. O la suya propia a Bélgica.

Pero ¿quién les obligó a escapar de la Justicia?

Una Justicia que, como bien saben los indultados o la normalizada Anna Gabriel, no se come a nadie.