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Año judicial, nada que celebrar
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Antonio Casado

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Año judicial, nada que celebrar

Los miembros del CGPJ en funciones no tienen ninguna culpa, pero el Gobierno los ha tratado como si la tuvieran

Foto: El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE/Luis G. Morera)
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE/Luis G. Morera)
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La apertura del año judicial llega recalentada por el culebrón de un CGPJ caducado hace cuatro años por efecto colateral de la lucha por el poder político que, en este caso, contamina las más altas instituciones judiciales del Estado.

Se supone que las fuerzas representantes del que gobierna y el que puede gobernar, PSOE y PP, trabajan para mejorar la vida de los españoles. No se les cae de la boca a Sánchez y a Feijóo. Pero nos toman el pelo porque juegan con cartas ocultas a la vista de los ciudadanos. Y eso sirve para presumir de recetas milagrosas que nos rescaten del azote de la inflación, para ese infantil juego del cuerpo a cuerpo de ayer en el Senado y para aparentar su entrega a los intereses generales.

Gobierno y PP han llevado la lucha por el poder a las altas instituciones judiciales del Estado

Dicho de otro modo: si a estas horas no hay trazas de que vaya a renovarse el CGPJ o de que, aun en funciones, vaya a proponer a sus dos candidatos a sentarse en el Tribunal Constitucional, es porque los dos partidos ignoran el mandato del constituyente a consensuar la renovación de las dos instituciones antedichas. El PP, por no perder una mayoría que se le supone favorable. El Gobierno, por conquistar una mayoría que se supondría afín a su agenda legislativa.

Ambos se culpan mutuamente. Feijóo instiga a los miembros del CGPJ a incumplir sus deberes constitucionales, según Sánchez (pedrada de ayer en el Senado). Y Sánchez ha roto las reglas del juego con iniciativas legales 'ad hoc', alega Feijóo.

Foto: Carlos Lesmes y Pedro Sánchez. (EFE/Ballesteros)

Quienes no tienen ninguna culpa del atasco son los 20 miembros del CGPJ nombrados hace más de ocho años que desde hace casi cuatro trabajan en régimen de interinidad. Pero el Gobierno los ha tratado como si la tuvieran. Hasta el punto de inhabilitarlos para ejercer una de sus funciones principales: la cobertura de vacantes en los tribunales de Justicia. Con una excepción sobrevenida: los dos aspirantes que corresponde proponer al CGPJ (al Gobierno le corresponden otros dos). Como si el Tribunal Supremo, por ejemplo, fuese menos importante que el Tribunal Constitucional.

La reforma de la reforma que prohíbe los nombramientos a un CGPJ en funciones causa "desafección", según Carlos Lesmes

Esa reforma de la reforma que prohibía los nombramientos a un CGPJ en funciones causó y aún causa un profundo malestar entre sus miembros. “Desafección”, lo llama su presidente, Carlos Lesmes. Siete de ellos, los más recalcitrantes, se proponen frenar las prisas del Gobierno por disponer cuanto antes de una mayoría 'progresista' en el TC. Así van al pleno del CGPJ previsto para mañana jueves, que se espera turbulento.

Foto: Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial de 2021. (EFE/Emilio Naranjo)

Creo que el sentido de la responsabilidad del presidente del TS, Carlos Lesmes, y su empeño en evitar que el CGPJ se declare en rebeldía e incumpla la ley (obligación de proponer dos candidatos al TC) serán suficientes para apagar antes del 13 de septiembre (tope legal marcado por la norma impulsada por el PSOE) este foco de rebeldía localizado en el sector 'conservador'. Lo deduzco del repaso a las líneas generales del discurso que pronunciará hoy en la apertura del año judicial, presidida un año más por el Rey.

Nada que celebrar. Lesmes documentará la “insostenible” situación de la Justicia española (de sus órganos, ojo, no del fuero judicial, que se aplica con independencia en la redacción de las sentencias). Y por enésima vez, invitará al PP y al PSOE a que se entiendan para desbloquear el CGPJ.

La apertura del año judicial llega recalentada por el culebrón de un CGPJ caducado hace cuatro años por efecto colateral de la lucha por el poder político que, en este caso, contamina las más altas instituciones judiciales del Estado.

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