La sedición entra en campaña

A seis meses del paso por las urnas, todo es campaña. En todo lo que hace diferentes a las fuerzas políticas. Por ejemplo, los que transigen y los que no transigen en el trato penal a conductas atentatorias contra los principios de integridad territorial y soberanía nacional única e indivisible.

Nadie ignora a estas alturas del cuento que PSOE y ERC forman una sociedad de socorros mutuos. Ya pueden decir misa Aragonès y Junqueras cuando desvinculan su fumata blanca para los PGE23 (renuncia a presentar enmienda de totalidad) de la proyectada iniciativa legislativa de Sánchez para bajar los humos al Código Penal en casos de sedición (artículos 544 y 545).

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Pero hasta las losetas de la plaza Sant Jaume saben que hay trampa. La pregonada desvinculación de favores intercambiados entre el que manda en Cataluña y el que manda en toda España es un regalo de ERC a Pedro Sánchez. Que nadie pueda reprocharle estar compensando el apoyo parlamentario de los 13 diputados que lidera Gabriel Rufián en el Congreso.

El regalo es dejar que el presidente del Gobierno vincule el retoque al castigo penal por sedición con su compromiso de hacerlo en esta legislatura. Y que pueda hacerlo cuanto antes para alejarlo de las elecciones territoriales del mes de mayo. Pero, por otra parte, también es un regalo al líder del PP, Núñez Feijóo, que ha convertido lo de las amistades peligrosas de Sánchez en un ariete dialéctico contra el PSOE.

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Tampoco eso puede impedir que los republicanos usen la rebaja de penas por sedición para puntuar en su carrera de sacos con Junts por la hegemonía en el campo del independentismo catalán. Así que todos contentos. Siempre que Sánchez logre reunir la mayoría absoluta necesaria en el Congreso para sacar adelante la susodicha reforma.

Dice la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que esa mayoría “no se da hoy por hoy”. Mentira. Los números dan. Basta que los 13 diputados de ERC (muñidores políticos de la reforma en complicidad con el PSOE) se sumen a los 167 del llamado bloque de la investidura. La suma da 180, cuatro por encima de la mayoría absoluta (176) que exige la reforma de una ley orgánica. Y aún tiene un margen de cuatro minoritarios que no quisieran sumarse al final.

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El problema no es de números, sino de política y de pedagogía. En principio, no veo demasiado interés en los pregoneros de la Moncloa por explicar a la opinión pública que la reforma proyectada se refiere a cuantía de las penas, no a la desaparición del tipo penal. O por objetar a quienes sostienen que la sedición es una figura “anacrónica”, como editorializa el diario nacional más próximo a las tesis del Gobierno.

Lo anacrónico es que personas teóricamente civilizadas actúen al margen de la ley, cuando están a su disposición los mecanismos democráticos para cambiarla, como de hecho ocurrirá en la rebaja de las penas si, efectivamente, Sánchez consigue la mayoría que requiere la reforma.

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No es verdad que la sedición sea una figura penal trasnochada, ni que la vigente cuantía de las penas (de 10 a 15 años de cárcel, cuando se trata de autoridades del Estado), según se aplicó a los condenados del procés, se aleje de las legislaciones europeas, pues, como escribió Francisco de Vitoria, “tampoco la república puede ser privada de la potestad de defenderse a sí misma y de administrarse contra las injurias de propios y extraños”.

El propio Tribunal Supremo mencionaba en la sentencia (octubre de 2019) el tratamiento penal que dan otros países a conductas como las que se llevaron a cabo en España en septiembre y octubre de 2017. Alemania castiga como mínimo con 10 años de cárcel a los que “emprendieran acciones para alterar el orden constitucional”. Y en Francia se prevén castigos “de especial gravedad” por los ataques “a la independencia o al territorio de la nación”. No inferiores a 12 años en Italia. Y en Bélgica, de 20 a 30 años (la misma Bélgica que arropa a Puigdemont). En Portugal, de 10 a 20 años, también por hechos similares.

Pero entonces, ¿de qué estamos hablando?