Sánchez y Aragonès, contra el Estado "represor"

Perdón por la analogía, pero es como si las entradas de tarjeta roja, incluidas las del área pequeña (penalti, oiga), empezaran a castigarse a instancias de los futbolistas leñeros con una simple amonestación verbal ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que lo que sucedió en Cataluña fue un anecdótico delito contra el orden público? Hago mía esa pregunta de Nicolás Redondo Terreros, al hilo de la iniciativa acordada entre Moncloa y ERC para convertir el delito de sedición en "desórdenes públicos agravados".

Pedro Sánchez pisa territorio minado al compartir las posiciones de ERC en su carrera de sacos con Junts por la hegemonía en el independentismo catalán. Por un lado, reanima la alternativa de Feijóo, que promete devolver el delito al Código Penal si gana las elecciones dentro de un año. Por otro, tampoco es descartable un proceso implosivo en el PSOE. "En plena escalada de precios, lo único que se abarata es el ataque a la Constitución", dice el socialista García-Page.

El Gobierno sustituirá el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados

Iván Gil

De ahí las prisas por hacerlo cuanto antes, antes de que la onda expansiva se mueva hacia dentro. Antes, en fin, de que se le echen encima las elecciones territoriales de mayo y, contagiado por sus amigos independentistas, aparezca ante el votante como servidor de una democracia incompleta y un Estado "represor". Lo explico. Si el presidente de la Generalitat ve en el "borrado" de la sedición un avance negociado hacia la desjudicialización, que frena la "represión" del Estado y resuelve el problema de los "exiliados", se entiende que el jefe del Gobierno de tal Estado comparte esos objetivos al inspirar la iniciativa aplaudida por Pere Aragonès en los términos antedichos.

No era una rebaja de penas, según se había sugerido desde Moncloa. Era, va a ser, derogar el delito de "sedición" en el Código Penal (artículos 544 y sucesivos) bajo la fundada sospecha de un intercambio de favores entre el Gobierno y ERC. Pedro Sánchez se atornilla en la Moncloa y Pere Aragonès en la Generalitat. Vale respecto al "qué".

"¿Alguien en su sano juicio puede pensar que lo de Cataluña fue un anecdótico delito contra el orden público?"

Es el "cómo" lo que puede desbaratar los cálculos. Sin consulta previa a los órganos internos del PSOE, aquejados de escandalosa afonía de unos años a esta parte. Sin contar con el principal partido de la oposición, a pesar de que la reforma propuesta por PSOE y UP afecta al llamado "bloque constitucional". Y sin los informes técnicos del Consejo de Estado y del CGPJ, que serían preceptivos de no haberse elegido una vía parlamentaria que los elude (proposición de ley).

Y, además, en caliente. Es decir, cuando todavía está viva la sentencia del Tribunal Supremo que aplicó este tipo delictivo al desafío contra el orden constitucional perpetrado por los partidos independentistas en octubre de 2017. De hecho, en todas las aproximaciones a este temerario paso de Sánchez se dedica un turno a calcular los efectos judiciales del "borrado" de la sedición sobre los huidos de la justicia (Puigdemont y compañía) y los condenados que quieren rehabilitarse para volver a la política (Junqueras, sin ir más lejos).

El Supremo desmintió que la sedición se castigue en "exceso" frente al resto de Europa

Pablo Gabilondo

La tramitación de la iniciativa, ya en el telar parlamentario, va a ser de alquilar balcones. En teoría tendría que salir adelante con una mayoría absoluta muy holgada, aún con los recelos de Junts y la CUP si acaban asumiendo el malestar de los movimientos sociales del secesionismo, preocupados por si esta iniciativa acaba frenando la movilización independentista.

A ver si va a tener razón Pedro Sánchez cuando habla de la desinflamación del conflicto sin generar males mayores. Me encantaría entonces reconocerlo, pero de momento estamos ante una interesada apuesta política que, con la mal traída excusa de la homologación europea, no respeta un entorno institucional necesitado de apuntalamiento frente al desafío secesionista.