¿Acabará Putin en el banquillo de un tribunal internacional?

Puede que el sátrapa con delirios de grandeza nunca pague por crímenes de guerra ante un tribunal de Justicia. Y puede que la reciente orden de detención de Vladímir Putin, dictada por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a efectos de "investigación y enjuiciamiento", se quede en nada por el hecho de que ni Rusia (se salió en 2016), ni China, ni Estados Unidos, ni la propia Ucrania reconocen la jurisdicción universal de este tribunal.

Sería nuestro fracaso. El de quienes vivimos en la parte del mundo forjada en el humanismo, una de las tres vigas maestras de la arquitectura moral y política de Europa. Las otras dos son la democracia y el Estado de derecho. Putin lo reduce al "abismo de Occidente". Es la aberrante palanca argumental de este tirano con pecho de hormigón. No le frenará nuestra solidaridad con los ucranianos. Pero sí podría hacerlo esta reactivación del derecho internacional.

Las dos causas abiertas por la CPI tienen que ver con el desarraigo de niños ucranianos deportados a Rusia y el bombardeo de estructuras civiles

Aunque no faltan antecedentes decepcionantes, también los hay esperanzadores. Los juicios de Núremberg (1945-46) cancelaron el pesimismo reinante cuando el presidente Truman encargó al fiscal Jackson la tarea de sentar en el banquillo a los dirigentes nazis por crímenes de guerra. Por no ir tan lejos en la historia, nadie hubiera creído que Milosevic acabaría compareciendo con más de 100 colaboradores (2002) por el mismo delito en la Yugoslavia de los años noventa del siglo pasado.

El enjuiciamiento de Milosevic fue posible tras las disensiones internas en su maquinaria de poder. No parece que estemos ante una situación parecida, después del reciente baño de masas de Putin en vísperas del primer aniversario de la guerra de Ucrania. De puertas afuera, también topa uno con antecedentes de mal agüero. Por mencionar los que interpelan a los países llamados democráticos, el más desalentador nos remite a EEUU. Hace poco más de tres años, la ejemplar democracia americana estuvo bajo el radar de la CPI. Pero las autoridades norteamericanas (era el mandato de Trump) pusieron todo tipo de trabas, hasta el punto de negar el visado a la fiscal encargada de una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos por soldados de su país en Afganistán.

El contexto es distinto y las acusaciones son otras, aunque todas bajo el epígrafe general de crímenes de guerra, a la luz del principio de jurisdicción universal. En el caso que nos ocupa, las dos causas abiertas por la CPI, con sede en La Haya, tienen que ver con el desarraigo de niños ucranianos deportados a Rusia y el bombardeo de infraestructuras civiles. Y en el hecho de que lo sepamos radica el impacto de la orden de detención, más allá de que finalmente se acabe materializando o no.

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Sostengo que el impacto de la orden de detención es ante todo de carácter moral. Eso tiene una especial trascendencia en regímenes sometidos al escrutinio de sus opiniones públicas, aunque sus Estados no reconozcan la jurisdicción. Se desprende de la propia explicación del tribunal. Pese a la costumbre de mantener en secreto este tipo de órdenes, que en este caso afectan también a los colaboradores de Putin, su publicidad "puede contribuir a prevenir la comisión de nuevos delitos". Es un estigma endosado a todos y cada uno de los nombres que figuran como sospechosos y, por tanto, reclamados para el consiguiente proceso de "investigación y enjuiciamiento".

No creo que a Putin se le ocurra ahora viajar a EEUU, aunque este país no reconozca a la CPI, con la misma impunidad que acaba de viajar a Sebastopol (Crimea) y Mariúpol (Ucrania ocupada), que son dos territorios de soberanía rusa no reconocida en el resto del mundo. Lo cual no ha impedido que esas dos escapadas presenciales de Putin se hayan interpretado como un desafío a la comunidad internacional tras la publicidad de la orden de detención contra él y sus colaboradores.