Pensiones: es la ideología, no la ortodoxia fiscal

Se equivoca el Gobierno disimulando la escasa calidad de la reforma de las pensiones. La AIReF detecta “dificultades de diseño” e “incoherencia con el marco fiscal”. Y Feijóo reclama precisiones técnicas, so pena de un no a la convalidación del decreto ley, mañana en el Congreso. En vez de considerar “antipatrióticas” esas objeciones, a Sánchez le bastaría apelar a su fe socialdemócrata y a la voluntad política de garantizar una vida digna a los jubilados, a la luz del mandato constitucional (art. 50). Y eso no tendría que disimularlo.

Es correcto endosar la crisis del sistema a la demografía (menos cotizantes para más pensionistas). Sin embargo, una vez más, anda por medio la ideología. No todos los partidos, no todos los gobernantes, entienden del mismo modo la gestión de los asuntos públicos o los imperativos de la solidaridad. Los recortes al sistema de pensiones no son la única forma de mantenerlo. Conviene prevenirse frente a ese sueño neoliberal de fondos de pensiones privados para quienes se los pueden pagar y, a partir de ahí, sálvese quien pueda. Así tendríamos un sistema técnicamente sostenible. Ya, pero sería socialmente injusto.

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Lo que pasa es que, teniendo asegurados los votos favorables a la reforma, que se tramitará como ley, la Moncloa no ha mostrado una buena disposición al consenso y puede que la norma nazca amenazada por la provisionalidad, sin perjuicio de que durante la tramitación legislativa se produzca el acercamiento por la derecha, aunque no parece.

El Gobierno no ha hecho por entenderse con los empresarios, sobre cuyas cotizaciones gravita básicamente el aumento de los ingresos previstos en el sistema. Ni con el PP, que puede derogar la reforma a corto plazo si, como dicen las encuestas, llega al poder tras las próximas elecciones generales.

Se entienden los argumentos de Feijóo, incluso las de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), sobre una reforma que, con los números en la mano, aplaza el problema de fondo (la sostenibilidad del sistema). Están inspirados en la ortodoxia fiscal y nos advierten de los males de una deuda y un déficit públicos excesivos cuando, a no tardar, la UE decida que se acabó la fiesta de las políticas expansivas y el maná de los fondos de recuperación.

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N. Alarcón. Bruselas A. B. Ramos

Hasta el ministro Escrivá se reconoce en esos argumentos, aunque sostiene que las proyecciones a medio y largo plazo arrojan magnitudes “manejables”, mientras que la Moncloa se defiende esgrimiendo el acuerdo con los sindicatos, la conformidad del pacto de Toledo y el plácet de la UE, que es preceptivo para acceder a una nueva remesa de fondos europeos.

Sin embargo, ni la patronal (CEOE) ni los partidos de la derecha comparten la reforma. El PP, así como Ciudadanos y Vox, anuncia que mañana votará no a la convalidación del decreto ley. Lógico. Actúan alumbrados por la ortodoxia económica y, en su nombre, advierten de las consecuencias de cargar la reforma sobre las cotizaciones, especialmente las de los empresarios. Y puede que tengan razón. Lo sabremos con el paso del tiempo. Pero si la política económica no tiene a las personas como objeto prioritario de su actuación, haremos un pan de obleas. Ergo, también es lógico que un Gobierno de izquierdas sea menos sensible a la ortodoxia económica que a mantener una calidad de vida digna para la tercera edad (y última), garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, entre otras cosas.

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Lo explicaré mejor con este precedente. En junio de 2013, con Mariano Rajoy en la Moncloa, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que a la sazón presidía la Comisión de Presupuestos del Congreso, objetó políticamente un informe de 12 expertos sobre la reforma de las pensiones de la mejor forma que podía hacerlo a la luz de su profesión ideológica. Dijo entonces que aquellos 12 expertos eran muy sabios en lo técnico, pero insensibles en lo social. Pues eso.