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Ferrovial y la torpeza de un Gobierno metomentodo
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Antonio Casado

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Ferrovial y la torpeza de un Gobierno metomentodo

En los globalizados tiempos que corren, no se entienden los recelos del Gobierno ante el hecho de que una empresa española siga ganando músculo y visibilidad en el mundo

Foto: Rafael del Pino en la junta de accionistas de Ferrovial. (Reuters/Juan Medina)
Rafael del Pino en la junta de accionistas de Ferrovial. (Reuters/Juan Medina)
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Si, como dicen las crónicas, es el presidente del Gobierno quien ha llevado personalmente el caso Ferrovial, incluidos sus desplantes telefónicos a Rafael del Pino, hay que decir pronto y por derecho que Pedro Sánchez ha hecho un pan de obleas.

La Moncloa planteó sus diferencias con la poderosa multinacional española como un pulso a cara de perro y, en consecuencia, el desenlace ha de verse como una derrota del Gobierno. Digamos que se lo buscó y ahora no puede alegar insolidaridad de la constructora en los intangibles (¿antipatriotismo o "capitalismo depredador"?) ni insolvencia en lo tangible (¿motivos fiscales o motivos empresariales?).

Solo a alguien muy exigido por su clientela ideológica se le puede ocurrir politizar el caso llevándolo a la plaza pública con amenazas

Un efecto indeseado del culebrón es el desperfecto en la imagen de la marca España. O, en el mejor de los casos, la de un Gobierno metomentodo y olvidadizo de los marcos legales de obligado cumplimiento por parte de la multinacional española (libre establecimiento en el espacio de la UE) y, con más razón, de los poderes establecidos con capacidad reguladora de la actividad empresarial.

Solo a alguien muy exigido por su clientela ideológica se le puede ocurrir politizar el caso llevando a la plaza pública en forma de amenazas, su ataque de contrariedad por la legítima decisión de una empresa que, respaldada mayoritariamente por sus accionistas y sin desbordar los vigentes marcos normativos, entiende que el traslado de su sede a Ámsterdam mejorará su cuenta de resultados y la hará más competitiva y con mejores vías de acceso a su financiación.

Sin embargo, en carta abierta del número dos del Ministerio de Economía, destinada a influir en los accionistas, el Gobierno lo redujo todo a la temeraria acusación de que la compañía estaba encubriendo una vía hacia el fraude y la evasión fiscal.

La Moncloa hizo oídos sordos a las explicaciones de los directivos

Por raro que nos parezca, la Moncloa hizo oídos sordos a las explicaciones de los directivos y los informes de los expertos de Ferrovial, debidamente entregados en tiempo y forma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Bien al contrario, estos toparon con los politizados argumentos, supuestamente técnicos, que pretendían hacer ver a la empresa los altos costes fiscales y no las teóricas ventajas en el impuesto de sociedades de la “fusión por absorción de la matriz española Ferrovial S.A. por su filial en Países Bajos, Ferrovial Internacional S.E.”.

Aquello parecía una información, pero sonó a amenaza de que, si la decisión del traslado salía adelante, como así ha sido, el Gobierno le haría la vida imposible a la empresa en el terreno fiscal. Así es como, entre otras cosas, la torpeza del Gobierno se retrataba en su propio desdoblamiento para frenar la deslocalización de la matriz. Por un lado, el Ministerio de Economía y, por otro, la Agencia Tributaria, usando a la segunda como instrumento del primero.

No se entienden los recelos del Gobierno ante el hecho de que una empresa española siga ganando músculo

La torpeza argumental llegó al hecho de garantizar a la empresa su deseo de cotizar en la Bolsa de Nueva York, sin necesidad de trasladar la sede a Países Bajos, al mismo tiempo que se comprometía a afrontar las iniciativas legislativas necesarias para hacer realmente posible la doble cotización, en el Ibex y en Wall Street.

En los globalizados tiempos que corren, no se entienden los recelos del Gobierno ante el hecho de que una empresa española siga ganando músculo y visibilidad en el mundo. Y menos con los absurdos argumentos utilizados contra Ferrovial por el hecho de que, efectivamente, se hiciera grande con grandes obras públicas. Hasta el punto de que una ministra de Sánchez ha llegado a pedir públicamente que devuelva el dinero que salió de los presupuestos generales del Estado para cumplir sus contratos. ¿Y de paso destruimos con efecto retroactivo la parte construida por Ferrovial de las excelentes infraestructuras que disfrutamos los españoles?

Si, como dicen las crónicas, es el presidente del Gobierno quien ha llevado personalmente el caso Ferrovial, incluidos sus desplantes telefónicos a Rafael del Pino, hay que decir pronto y por derecho que Pedro Sánchez ha hecho un pan de obleas.

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