Urnas o pistolas: la vigencia de un chantaje

Apegados al salmo de "mejor votos que pistolas", algunos se encabritan frente a quienes objetamos la presencia de 44 exetarras en las listas electorales de Bildu. A mi juicio, están alimentando la vigencia de algo muy parecido a un chantaje. "¿No es esto lo que queríamos los demócratas?", se preguntan. El tramposo argumento sugiere que la amenaza sigue operativa: o nos dejan jugar a ser demócratas o volvemos a las andadas. Peor aún, que estamos en deuda por tan filantrópica decisión.

A diferencia de lo ocurrido en Alemania, donde se estigmatizó legalmente a los nazis, en España se abrieron las puertas de la democracia a los componentes de un abominable grupo criminal dedicado a la eliminación física de personas en función de su raza, su grupo social, su militancia política o incluso su trabajo (guardias civiles y policías nacionales eran objetivos permanentes de ETA), a cambio de que dejaran de matar.

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Vale. Eso desautoriza a quienes reclaman la ilegalización de Sortu (continuadores de ETA por la vía política integrados en la coalición Bildu). Pero no impone la obligación de olvidar. Ni bloquea la crítica de sus adversarios políticos. O la mismísima libertad de expresión —¡solo faltaría!— de quienes recuerdan los antecedentes criminales de un candidato a las elecciones, del mismo modo que, salvando las distancias y para general conocimiento del votante, los adversarios políticos de Ximo Puig recuerdan su pasado en el ayuntamiento de Morella o los del alcalde de Orense denuncian sus chanchullos con el dinero negro.

Los exetarras tienen derecho a presentarse a las elecciones si están en paz con la Justicia y han cumplido sus condenas. Nadie les impide ser demócratas o parecerlo. ¿Quién lo discute? Nadie les impide ser legales. Formalmente, lo son, salvo novedad sobrevenida en la investigación de la Fiscalía para verificar que esos 44 candidatos (siete de ellos con delitos de sangre) están habilitados para desempeñar cargos públicos y ejercer su derecho al sufragio pasivo.

Pero que puedan concurrir legal y democráticamente a un proceso electoral casa con el derecho a defender en la plaza pública que no es recomendable votar a un candidato con antecedentes criminales ni asociarse políticamente con quienes asumen como propio el pasado de un grupo que en tiempos no lejanos practicó el asesinato, el secuestro, la extorsión y la tortura en nombre de la patria vasca sin que hayan dado mayores pruebas de compasión y respeto a las víctimas.

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Dicho de otro modo: vote usted a quien le dé la gana, pero sepa lo que estos 44 componentes de las listas municipales de Bildu llevan en la mochila. Y en el uso de la intransferible condición moral del individuo, valore usted la decisión política del PSOE de encamarse con los continuadores del grupo terrorista desaparecido hace once años. No porque sean ilegales (el tabaco es legal, pero perjudica gravemente la salud), sino porque tratar con personas que han cometido o han aprobado la comisión de crímenes de lesa humanidad no es recomendable.

Simplemente, se ilustra a los votantes sobre el pasado terrorista de unos candidatos o sobre las tendencias machistas o xenófobas de otros. Normal en vísperas de unas elecciones. Lo sorprendente es que el discurso oficial tape la vergüenza de los 379 asesinatos de ETA sin resolver y la recomendación del Parlamento Europeo (abril de 2022) de que, para evitar que prescriban por el paso del tiempo, sean investigados como crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles.

(La recomendación no prosperó porque esa figura entro en el Código Penal en 2004, demasiado tarde para poder aplicarse con efecto retroactivo a delitos cometidos en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado).