La mayoría de los catalanes rebate a Sánchez en la calle

Pedro Sánchez aprovechó la semana pasada la resonancia europea de la cumbre de Granada para confirmar el precocinado de la amnistía. Así, lo de ayer en Barcelona ya no fue una manifestación por si acaso. Además, confirmó en la calle lo ya sabido por las urnas: mayoría clara de catalanes adheridos a la Constitución respecto a los que quieren dejar de ser españoles.

He ahí una de las verdades ignoradas en los relatos políticos y mediáticos al uso. De hecho, esa mayoría está condenada al silencio. Es invisible. Como si no existiera. Hasta el punto de que la facción independentista de la política catalana ha normalizado la totalizante referencia al "pueblo catalán" en los pregones del objetivo segregacionista.

La manifestación de ayer cursa en el relato de la Moncloa como un desahogo de la derecha y la ultraderecha contra la pacificación de Cataluña

La realidad es otra. Revisemos los datos del 23 de julio. La suma de votos obtenidos por ERC, Junts y CUP es inferior a la obtenida solo por el partido ganador, el PSC de Illa, franquicia catalana del PSOE de Sánchez. Pero este partido constitucional no quiso saber nada de la convocatoria de SCC (Sociedad Civil Catalana), por estar inspirada en el rechazo a una amnistía canjeable por los 14 escaños independentistas en la venidera investidura de Sánchez. ("No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación", fue el lema de la marcha).

Sin el apoyo explícito de los socialistas catalanes, la marcha de ayer cursará en el relato de Sánchez y alrededores como un desahogo de la derecha y la ultraderecha contra la pacificación de Cataluña, los vientos de la historia y los españoles que han votado "convivencia", "diálogo" y "Gobierno progresista".

Ay, el relato, convertido por los medios afines al sanchismo en la valla a superar para convencer a los españoles de lo felices que serán una vez amnistiados los delitos cometidos en nombre de una aspiración secesionista. Las palabras también generan paraísos artificiales. Como si lo que estuviera en juego fuera un problema de lenguaje y no el funcionamiento de la democracia o la supervivencia del Estado.

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Al fin y al cabo, el relato es una versión de los hechos. Pero hay relatos contrapuestos. Me apunto al de los manifestantes de ayer en Barcelona. Una masiva protesta contra las concesiones a los independentistas a cambio de favores políticos. Y especialmente contra la amnistía ("aberración constitucional", dice la presidenta de SCC, Elda Mata). El otro relato, el de la Moncloa, nos hace un Viondi a quienes creíamos ingenuamente que eso no llegaría al BOE. Acabará figurando en la exposición de motivos de una ley de amnistía a dirigentes y activistas del independentismo que cometieron los consabidos delitos.

Frases hechas y palabras enlatadas: "pacificación de Cataluña", "motivos políticos", "interés general", "desjudicialización del conflicto", "apuesta por la convivencia". Y rastreo de coartadas legales y antecedentes históricos para ilustrar un relato que pueda rebatir a quienes lo vemos lleno de agujeros.

Acabará figurando en la exposición de motivos de una ley de amnistía a dirigentes y activistas del independentismo que cometieron los delitos

A saber: fraude a los votantes (Sánchez nunca habló de amnistía si repetía en la Moncloa), temeraria censura al poder judicial, una operación de partido que divide el país, ataque al principio de igualdad entre personas y territorios, asimetría frustrante en la actitud de las partes del conflicto (una quiere olvidar, la otra quiere volver a las andadas), etc.

Por encima de cualquier otro componente del relato desplegado para convertir la cesión a las exigencias del independentismo en un servicio al bien común, está la escandalosa evidencia de que ese presunto servicio no nace de la convicción sino del apremio. Si realmente se tratase de algo beneficioso para todos, catalanes y no catalanes, la amnistía se decretaría sin esperar la aprobación de Puigdemont.

El prófugo de Waterloo no es Picornell, que acabó desterrado en La Guaira (Venezuela) después de conspirar contra Carlos IV en la conjura de San Blas. Pero sus siete escaños del Congreso son decisivos para colmar las rentables ambiciones de Pedro Sánchez. Es el dato que mata el relato de la Moncloa.