¿Por qué la calle y los jueces no marcan el paso?

A la espera de la fumata blanquinegra en un Sofitel de Bruselas, donde Carles Puigdemont torea a los enviados especiales de Sánchez, crecen las razones para temer que la operación amnistía X investidura creará males mayores (desgarro del tejido social e institucional) de los que pretende evitar (repetición de elecciones y frenar a la ultraderecha).

Tanto el calentamiento de la calle (manifestaciones preventivas y cerco a las sedes del PSOE) como la actuación judicial (causas vivas contra Puigdemont en la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas) anticipan la arbitrariedad que empapará el sistema político-jurídico si prosperan los planes de Sánchez con ayuda de quienes se declaran objetores de dicho sistema.

Veamos esos dos efectos colaterales:

Uno es la barra libre para conductas delictivas siempre que tengan motivación política. Bajo esa luz, carecen de justificación las quejas del Gobierno contra PP y Vox, como instigadores de los manifestantes que gritan ante las sedes socialistas y convierten sus fachadas en un tosco libro de reclamaciones. O ensayan tácticas provocadoras que requieren de la represión policial, aunque sean de menor cuantía si las comparamos con las amnistiables tácticas de guerrilla urbana en Cataluña, orientadas a “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva” (Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic y sus inspiradores).

Al minimizar el margen interpretativo de la ley de amnistía, se emite un mensaje de desconfianza en los jueces que han de aplicarla

¿Con qué fuerza moral puede quejarse el PSOE de que Feijóo y Abascal empujan a sus hooligans a gritar contra Sánchez en la calle? ¿Cuál es el resorte político que permite al Gobierno en funciones escandalizarse por la agitación callejera contra una norma que va a declarar amnistiable prevaricar, desobedecer, alterar el orden público, vandalizar la protesta callejera, insultar al Rey, agraviar a las Fuerzas de Seguridad, etc., etc.? Porque todo eso, tal cual, no nos engañemos (servidor ya se ha engañado y no quiere engañarse más), es lo que se está cocinando en Bruselas y responde a una realidad pregonada públicamente por Sánchez al defender la amnistía “por el bien de España”.

El otro efecto colateral del que hablo es la desconfianza en el poder judicial. Y no me refiero solo al hecho de que la amnistía en sí misma desautoriza a los tribunales que dictaron sentencia en su día sobre hechos delictivos sobradamente probados. En este caso, por ceñirme a la más estricta actualidad, me refiero a la causa del retraso en la fumata blanquinegra que despeje el camino a la investidura.

Me consta que se están haciendo ímprobos esfuerzos técnicos en la redacción del texto para no regalar a los jueces un margen de interpretación que les permita desvirtuar las concertadas intenciones de la ley. Un despropósito que retrata a quienes se ven obligados a prevenirse de un poder jurisdiccional.

Por cierto, que una colaboradora habitual de El País escribía ayer que “la independencia judicial no es un buen baremo para valorar la salud de la democracia”. Y más adelante: “Una ley de amnistía no puede rechazarse por creerla contraria al Estado de derecho o creer que con ella puede acabarse la democracia” (alusión clara a las tesis del CGPJ y la APM). El recado es claro: los jueces no son de fiar. Aberrante elemento de desconfianza respecto a los servidores públicos que están institucionalmente llamados a aplicar la ley, cumplirla y hacerla cumplir.

Eso afecta tanto a la Guardia Civil como al juez García-Castellón, en sus respectivas actuaciones contra Tsunami Democràtic, que se toman en Ferraz y en la Moncloa como una interferencia en los planes de Sánchez. Pero ni los jueces ni las fuerzas policiales tienen por qué acompasar sus actuaciones a la estrategia de un Gobierno, y mucho menos a la de un partido político. Hasta ahí podíamos llegar.