Alarma social: banda sonora en la investidura de Sánchez

Mal empezamos si de verdad se quiere mejorar la convivencia entre españoles y hacer un país más habitable, como dice el borrador de la ley de amnistía.

Su exposición de motivos va a vertebrar el discurso de investidura del nuevo candidato a la presidencia del Gobierno, que hoy comparece como acusado de recortar la esperanza de vida del régimen del 78.

Sí, mal empezamos, a la vista de los primeros impactos de la iniciativa apadrinada por el PSOE y sus subversivos costaleros: Congreso dividido, calle enrabietada, empresarios inseguros, juristas perplejos y jueces ninguneados, mientras Europa mira expectante y recelosa la deriva española, por si los tratos entre partidos se trasladan a los textos legales.

Esas son las gracias de Sánchez, las más visibles en un régimen de opinión pública como el nuestro, las más aireadas en los circuitos políticos y mediáticos cuando el todavía líder del PSOE se dispone a pedir la confianza de los representantes del pueblo soberano para atornillarse al sillón en medio de un agobiante clima de polarización política, inseguridad jurídica e inestabilidad institucional.

Que el templo de la soberanía nacional aparezca hoy blindado policialmente revela el abismo entre representantes y representados

Se equivocan en la Moncloa si endosan esas reacciones sociales e institucionales a la falta de mesura de Núñez Feijóo o al mal perder de la derecha. Y no vale usar tretas baratas de tertuliano ofendido para disimular los efectos de una apuesta cuyo carácter político nos distrae de su inmoralidad: venderse “por el bien de España” a quienes no quieren ser españoles.

Que el templo de la soberanía nacional aparezca hoy acorazado por un blindaje policial sin precedentes revela la desconexión entre representantes y representados. Alarma social como banda sonora de la sesión de investidura que inevitablemente va a girar en torno a la ley de amnistía. Mejor dicho, al hecho de legislar ad hoc a cambio de garantizarse en la votación el decisivo favor de los siete síes vendidos en Bruselas al enviado especial de Sánchez por un sinvergüenza con flequillo.

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Ni en mis peores sueños hubiera imaginado que solo siete de 350 diputados, en nombre de la quinta fuerza política de cierta comunidad autónoma, iban a remover el andamiaje del Estado y a propiciar la humillación pública del poder judicial. Uno de los tres poderes del Estado. El más desprotegido en un régimen donde los otros dos (ejecutivo y legislativo) están confiscados por los partidos políticos.

Pero es lo que hay.

Se entiende el temor del Tribunal Supremo a dejar inservible la doctrina defensiva del Estado de derecho frente al flagrante intento secesionista por parte del independentismo catalán. Como se entiende igualmente la concertada voluntad de Sánchez y Puigdemont por extender la amnistía a los supuestos de lawfare (Justicia politizada) que pudieran detectarse en las también pactadas comisiones de investigación sobre los casos Pegaso y Policía patriótica, descifrados en clave de represión ideológica por el independentismo, sin que la parte contratante (el PSOE) impidiera semejante desafuero.

Se entiende el temor del TS a que se malogre su doctrina frente a los intentos secesionistas del independentismo catalán

El mensaje no puede sonar más perturbador: los jueces no son de fiar. Aberrante elemento de desconfianza de los escribanos de la ley de amnistía respecto al poder judicial. O sea, frente a los servidores públicos institucionalmente llamados a aplicarla, a cumplirla y hacerla cumplir.

Ojo, que se avecinan tiempos recios en la temporada otoño-invierno de la política nacional.