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Antonio Casado

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¿De quién es la calle?

La izquierda integrada en Sumar propone responder a la derecha con movilizaciones como la del sábado en Madrid

Foto: Unos jóvenes sostienen banderas de Miguel Ángel Blanco frente a la sede del PSOE en Ferraz. (EFE/Víctor Lerena)
Unos jóvenes sostienen banderas de Miguel Ángel Blanco frente a la sede del PSOE en Ferraz. (EFE/Víctor Lerena)
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Tramposa y cansina resulta la queja político-mediática de los ganadores de la investidura contra quienes cuestionan la legitimidad del nuevo Gobierno.

Claro que es legítimo, como todos los que nacen cumpliendo las formalidades democráticas. Pero eso no significa que sean intocables, pues también nacen sometidos al escrutinio del pueblo soberano. En las instituciones (control parlamentario, básicamente) y en la calle (derecho de manifestación y libertad de expresión).

Las resonancias franquistas de la frase "La calle es mía" (Manuel Fraga, 1976) no son endosables a las recientes manifestaciones contra la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas de 2017 en Cataluña. Dicho sea, a pesar de los añejos gritos de la extrema derecha en sus algaradas de la calle Ferraz.

De eso debe cuidarse Feijóo, justo cuando Abascal redobla su empeño en colgarse del PP para que la declinante causa de Vox (perdió medio millón de votos y 19 escaños en las últimas elecciones generales) no acabe en la irrelevancia. De ahí su reclamada cita con Feijóo para concertarse en una estrategia común que incluya las movilizaciones callejeras.

Foto: El PP protesta en Madrid contra la amnistía. (Europa Press/Jesús Hellín)

En democracia, la calle es de quien la trabaja. El derecho de manifestación figura en los textos legales como una herramienta disponible para la "galaxia ultra", así nombrada por terminales mediáticas del Gobierno naciente con la opinión pública en contra. Pero igualmente disponible para la ecuación de poder progresista sobre la que galopa Sánchez.

La idea fue puesta en circulación durante el congreso de Más Madrid (partido integrado en Sumar) celebrado el pasado fin de semana. Sus dos figuras visibles, Rita Maestre y la ministrable Mónica García, coincidieron en la necesidad de movilizarse contra el poder absoluto del PP en la comunidad (Ayuso) y en la alcaldía de la capital de España (Almeida). "Tenemos que ser parte de esa calle organizada que plante cara a los fascistas también en las calles de Madrid", tronó Rita Maestre.

¡¡Bingo!!

En democracia, la calle es una herramienta disponible para la "galaxia ultra" y para la ecuación 'progresista' que galopa Sánchez

Ese es el camino, también a escala nacional, para devolverle la pelota a una derecha que, según el discurso de la Moncloa, no acepta el resultado de las elecciones y quiere acobardar a la coalición progresista. Supongo que en el entorno de Sánchez ese recelo se multiplica cuando Feijóo dice que el sábado vio en Madrid un clamor de la calle "sin precedentes desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco".

Replicar con el mismo recurso está al alcance de la izquierda en un sistema de opinión pública como el nuestro. Solo necesita fe en su propia capacidad movilizadora y un sencillo trámite de comunicación previa a la autoridad gubernativa.

Sin embargo, basta una simple y perezosa aproximación a las intenciones de la Moncloa o de Ferraz para asegurar sin ningún género de dudas que allí nadie tiene el menor interés de testar en la calle la legitimidad de sus planes.

Ni en la Moncloa ni en Ferraz se detecta el más mínimo interés por testar en la calle la legitimidad de sus planes

Y aquí es donde quería llegar: ¿qué les impide reunir una cantidad similar a la que inundó el centro de Madrid el pasado sábado, siquiera una cuarta parte, si sus eventuales convocantes (fuerzas de la coalición progresista) representan la mayoría electoral y parlamentaria sobre la que está a punto de debutar el Gobierno llamado a resolver el llamado conflicto catalán y conseguir una España mejor, libre de la derecha insolidaria y faltona?

(Espero que se entienda la intención provocadora de mi columna de hoy).

Tramposa y cansina resulta la queja político-mediática de los ganadores de la investidura contra quienes cuestionan la legitimidad del nuevo Gobierno.

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