Nuevos ritos de apareamiento PSOE-Junts

Olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor, cantaba Karina. Canta el oficialismo sanchista algunas sugerencias que, después del desencuentro del martes pasado con JxCAT, vienen funcionando estos últimos días como ritos de apareamiento para que al "¡hasta aquí hemos llegado!" se le vaya poniendo cara de "¡a ver cómo arreglamos esto!".

El más descarado lo asume en primera persona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al declarar urbi et orbi, con inmediata celebración por parte de Jordi Turull, secretario general de Junts, que "los independentistas no son terroristas". Y ya como profeta mayor de la sanchosfera, cuando el presidente anuncia temerariamente que "todos los independentistas van a ser amnistiados".

¡Qué traidor es el lenguaje!

No ha sido el único intento de reconducir la situación. Otros han sido más torpes. Por ejemplo, recurrir a la constitucionalidad del rechazado dictamen de la ley de amnistía como elemento de persuasión para recuperar el apoyo de los siete diputados de Junts, porque eso sería como convencer al preso de que su celda es muy segura.

Opinión

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Véase lo que Míriam Nogueras tardó en decir que la gobernabilidad de España le importa un bledo, cinco minutos después de que Sánchez presumiera de haber ganado a Junts para una causa incompatible con la Cataluña libre de españoles.

Veamos otros ritos de apareamiento o, si se prefiere, desafinados cantos de sirena en la oreja de Puigdemont. Dos amagos de burlar el fuero judicial a título preventivo. Uno, la posible reforma del delito de terrorismo en el Código Penal. Y otro, una invitación a desviar la mirada hacia el parecer del fiscal que discrepa del juez García-Castellón respecto de la calificación de los hechos vandálicos de octubre de 2019 (vandálicos, sí, pero no terroristas, según el fiscal).

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Sin embargo, es verdad que se ha producido una retirada a tiempo respecto a la inicial comunión del Gobierno con el intolerable proceso de intenciones que el independentismo formuló en sede parlamentaria contra los jueces. Al menos formalmente, en la Moncloa y Ferraz se proclama el respeto al fuero judicial y al principio de separación de poderes.

Pero la memoria reciente se resiente por la grave acusación de una vicepresidenta del Gobierno que recriminó al juez García-Castellón el actuar condicionado por sus afinidades políticas. Una acusación puntualmente respaldada por el diario El País, que calificó de "sinuosas e improvisadas" las actuaciones de dicho magistrado de la Audiencia Nacional.

Ahí está, a mi juicio, el veneno envuelto en el celofán de las soluciones creativas y los escorzos semánticos, que son herramientas para que la ley de amnistía llegue al BOE sin amargarle la legislatura a Sánchez, pues un eventual retorno a la complicidad con Puigdemont, y al revés, pasa por la claudicación de uno de ellos.

La memoria reciente se resiente por la acusación de Ribera, que recriminó al juez García-Castellón el actuar condicionado por sus ideas políticas

La moraleja del culebrón nos lleva a imaginar cómo sería de independiente un juez en la Cataluña de Puigdemont y Nogueras. De momento, nos remite al señalamiento de los magistrados debidos a los principios de legalidad y separación de poderes en el ejercicio de un poder jurisdiccional personal e intransferible que se expresa en autos, resoluciones y sentencias. Por supuesto, también sometidos al principio de legalidad.

Cualquier juez es denunciable por prevaricación si se sospecha que actúa condicionado por sus particulares afinidades políticas. Hágase, si procede, en el consabido juego de recursos e instancias de mejor criterio.

Pero déjese trabajar a los jueces, aunque a los ganadores de la investidura les parezcan venidos de la fachosfera. Que solo lo parezca no es denunciable de ninguna manera.