¿Por qué pierde vigor el debate sobre monarquía o república?

Mañana es 14 de abril, aniversario de la proclamación de nuestra Segunda República. Recordarlo noventa y tres años después nos da la ocasión de celebrar el triunfo de los valores republicanos en la España constituida en forma de monarquía parlamentaria. Una institución cuyo mantenimiento (Casa del Rey) nos cuesta 8,4 millones de euros al año, bastante menos que los 14 millones del programa de Broncano en TVE.

Oportunidad también de recordar que el 3 de junio de 2015, al cumplirse su primer año de reinado, Felipe VI levantó de los asientos a los diputados de la Asamblea Nacional francesa que acababan de oír en boca del Rey de España una sentida exaltación de la libertad, la igualdad y la fraternidad como un patrimonio común a los dos pueblos, al margen de que la forma del Estado sea allí republicana y aquí monárquica.

Es mi forma de dar por cancelado el histórico debate nacional, cuando lo que realmente importa no es la forma sino el fondo, los contenidos, los valores declarados en el sistema de convivencia libremente elegido por los ciudadanos y cuando ese problema es un decimal en las encuestas que rastrean las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Así que carece de sentido preguntar a los españoles si prefieren un rey hereditario o un profesional de la política al frente del Estado, aunque los nacionalistas periféricos y un sector de la izquierda aprovechen estos aniversarios para exigir un referéndum y cantar el advenimiento de una Tercera República que entierre el sistema alumbrado en 1978, mientras el Gobierno de Sánchez les dedica una mirada distraída. No digo que aliente el debate, pero sí digo que lo consiente.

El mantenimiento de la Casa del Rey nos cuesta 8,6 millones de euros, bastante menos que los 14 para el programa de Broncano en TVE

Como diría el propio Azaña, esas voces furibundas más audibles por su aversión a la monarquía que por la apología republicana, solo son coreadas por las ranas de su charca. A los españoles no les quita el sueño. Les parece un debate estéril, una vez que la partitura constitucional recuperó los valores civiles abolidos por el franquismo. Y si hoy levantara la cabeza don Manuel Azaña, la emblemática figura de la Segunda República, no tendría problema en reconocerse en la España pacificada, tolerante, plural, laica, descentralizada y valorada como una de las veintitrés democracias más avanzadas del mundo.

Metidos como estamos en una primavera electoral con asuntos más apremiantes, no viene ruidoso el aniversario del régimen que, tras el golpe de Estado de 1936, desembocó en una dramática guerra civil y la cuarentena de la dictadura franquista. Amargos recuerdos en la memoria colectiva de unos españoles que no quieren resucitar debates con revenido olor a muerte, odio, miseria y desolación.

Ser y sentirse defensor de la Segunda República significa aquí y ahora seguir defendiendo sus valores, ya plasmados en el vigente ordenamiento constitucional. Pero ya ha pasado tiempo suficiente como para recordar a la luz de los estudios más rigurosos que no es glorificable todo lo que se hizo o se dejó de hacer en nombre del régimen nacido en aquel 14 de abril de 1931, aquella Republica inaugural de profesores (Marañón, Ortega, Pérez de Ayala, Unamuno, Asúa), que luego fue de políticos (Prieto, Gil Robles, Azaña, Calvo Sotelo) y acabó siendo de masas incontroladas (anarquistas, socialistas, comunistas, falangistas, requetés).