Congreso contra Senado y viceversa

Hay un algo absurdo en la confrontación del Senado contra el Congreso y del Congreso contra Senado, como dos hermanos que se patean por debajo de la mesa familiar, mano izquierda contra mano derecha del mismo cuerpo, o al revés. Y todo por cuenta de la ley de amnistía, cuyo poder contaminante alcanza al normal funcionamiento de las instituciones a través de la insoportable confrontación partidista.

Es verdad que el PP, mayoritario en el Senado, se podía haber ahorrado este paso (retirada la ley de amnistía por “fraude al proceso legislativo”, entre otras cosas), que estaba condenado al fracaso, aunque el supuesto tuviera encaje legal (artículos 59 y 73 de la Ley del Tribunal Constitucional). Y tampoco da más de sí la negativa de la Mesa del Congreso a cancelar la tramitación de la ley por un “conflicto de atribuciones”. Era previsible, porque el Senado pretendía suplantar preventivamente al TC al decidir unilateralmente sobre la inconstitucionalidad de un texto antes de llegar al Boletín Oficial del Estado.

Lo que sí tiene recorrido, al menos como pasto fresco de finos analistas, es el obsceno cruce de argumentos cruzados que llevan la indeleble marca de un partido político, aunque con pretensiones institucionales. A uno y otro lado de la barricada, claro, pues con la misma legitimidad que el Gobierno acusa al PP de boicotear la amnistía por razones de partido, el PP acusa al Gobierno de impulsar la amnistía porque necesita los votos independentistas del Congreso para seguir en la Moncloa.

Sigamos con la simetría argumental. Ahora poniendo por delante la institución, como ayer hizo el vicepresidente de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), al aprovechar su mayoría en la Mesa para conseguir que en el propio informe jurídico de los letrados se acusara al Senado de “deslealtad institucional”.

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Por si alguien lo ha olvidado, conviene recordar que “las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66) y que el principio de “autonomía parlamentaria” (art. 72), presuntamente vulnerado por el Senado al invadir las competencias del Congreso, pertenece al fuero de cada Cámara. No cabe hablar de “injerencia” ni de “fiscalización” de una al trabajo de la otra.

Por mucho que el gobierno del Congreso rechazase ayer las pretensiones del Senado, el Senado entendió -y entiende- que la ley de amnistía esconde una reforma encubierta de la Constitución con el mismo derecho que el Congreso entiende que esta iniciativa, “valiente y reconciliadora”, viene dictada por el interés general “consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político” (tomado textualmente del preámbulo de la proposición, tal como reza el dictamen entregado al Senado hace un mes tras su aprobación en el pleno del Congreso).

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Lo que ya resulta de una asimetría sonrojante es que de las filas del Gobierno salga la acusación contra el PP de que hace un uso partidista de las instituciones. ¿Alguien puede sostener a estas alturas que el PSOE de Sánchez se hubiera embarcado en esta divisiva iniciativa si no hubiera necesitado los siete escaños de Puigdemont para mantenerse en el poder?

Por eso creo que ese argumento en boca del sanchismo (“usos partidistas de las instituciones”) es como lo del cazo y la sartén.