Ruido de fiscales en torno al novio de Ayuso

Al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no han dejado de zumbarle los oídos desde que lo nombró el Gobierno por decreto del 1 de agosto de 2022.

Algunas polémicas han movido a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales a reprobarle ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por falta de idoneidad. Recuerdo su posición contra el cerco judicial al Gobierno por presunta negligencia durante la pandemia. Luego, negar al Senado un informe de constitucionalidad sobre la proposición de ley de amnistía, que no proyecto. Más tarde, la división de opiniones ante el supuesto de terrorismo que ensombrece el horizonte judicial de Puigdemont. Y ahora, los presuntos delitos tributarios de un tal Alberto González Amador, cuya proyección pública se debe a su emparejamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En todos ellos hubo ruido de fiscales. Como diría nuestra experta en tribunales, Beatriz Parera, la Fiscalía se rompe, actualizado en “El fiscal general se la juega” (ver en EC), en referencia a la Junta de Fiscales, que hoy se reúne con las opiniones divididas sobre si debe o no debe archivarse la querella del novio de Ayuso contra un presunto delito de revelación de secretos en un comunicado oficial de la propia Fiscalía.

Al fiscal García Ortiz le han hecho “un 27”. Es el artículo del Estatuto de la institución que remite a la Junta de Fiscales de Sala (flor y nata de la institución) las discrepancias internas sobre la posición del Ministerio Público en un determinado procedimiento. En este caso, la cúpula está representada por la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde (número dos de García Ortiz, que se ha abstenido de intervenir), que ordena rechazar la querella del novio de Ayuso. La fiscal del caso, María de la O Silva, no lo comparte. Por eso ha invocado el artículo 27, sabiendo que, en base a los principios de “unidad de criterio” y “dependencia jerárquica”, se impondrá lo que decida el máximo responsable de la institución, aunque la votación (no vinculante) coincidiera hoy con la posición de la fiscal del caso.

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Hasta aquí, la parte técnica del culebrón, la que está legalmente regulada. Luego está la banda sonora del vigente ecosistema mediático, agitada mayoritariamente por altavoces afines al PP, pero no solo. De nuevo planea la supuesta instrumentalización política. El blanco sería Isabel Díaz Ayuso, sobre la que estaría disparando Moncloa a través de la Fiscalía General.

Como no hay forma de demostrarlo, más allá de los libérrimos procesos de intención que envenenan la vida pública, los finos analistas buscan un argumento de peso en la doctrina televisada del mismísimo presidente Sánchez: en la Fiscalía manda el Gobierno. Todavía resuenan los ecos de aquella declaración que, supongo, siguen siendo una fuente de malos ratos para el actual fiscal general.

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No me extraña. Aquello fue una implícita incitación a rastrear las claves de la lucha por el poder en el subsuelo de la institución constitucionalmente llamada a “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad”. Palabras mayores para pleitos menores. Incluso los que se derivan de las guerras de egos y el contraste de opiniones que siempre agitaron la vida interna de la institución.

Habría que remontarse a Eligio Hernández, también conocido como el pollo del Pinar, que llegó a la FGE (1992) con el propósito de “poner firmes a los fiscales” y acabó viendo cómo el Tribunal Supremo declaraba ilegal su nombramiento dos años después porque su anterior tiempo en puestos políticos no debía contar en el historial de “jurista” exigido para el cargo.

¿Le ocurrirá lo mismo a García Ortiz, ahora bajo la lupa de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo?