Tragedia de Gaza y justicia universal

La desigual confrontación del Ejército israelí con los escurridizos terroristas de Hamás, cuyo trágico balance va por unos 35.000 palestinos muertos, civiles en su mayoría (el 60%, mujeres y niños, según la Organización Mundial de la Salud), pasa de los campus universitarios a los códigos de la justicia universal. De momento en ciernes, pues estamos solo ante la iniciativa de un fiscal que reclama orden de detención contra los causantes de la tragedia de Gaza por ambos lados.

Aunque la equiparación de una organización terrorista (Hamás) con un Estado democrático (Israel) pueda parecer injusta, forzada, provocadora, o “escandalosa”, como dice Joe Biden, los crímenes de guerra y el ultraje a la dignidad humana son reprobables por igual en la tragedia de Gaza. Pueden y deben ser perseguibles, ya se cometan en nombre de la legitima defensa de una comunidad organizada o en lucha por idéntico derecho a organizarse y existir de un pueblo ahora indefenso y reprimido.

Ojo, esto no va de bandas terroristas (brazo armado de Hamás) ni de Estados (Ejército de Israel). Va de individuos. En este punto hay que recordar que los veintidós nazis acusados en Nuremberg (1945-1946) por crímenes de guerra y contra la Humanidad pretendieron, sin conseguirlo, que se juzgase al Estado alemán y no a ellos, como personas individuales.

Quién iba a decirles a los historiadores que ochenta años después iba a ser utilizado el mismo argumento por los descendientes de quienes sufrieron en primer grado los efectos de la barbarie nazi. O sea, el pueblo judío, constituido en el Estado de Israel. Y me refiero a su primer ministro y al ministro de Defensa, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, respectivamente, como máximos responsables de bombardeos sobre la población civil o el uso del hambre como método de guerra en Gaza.

Contra ellos, el fiscal del Tribunal Penal Internacional), Karim Khan, reclama de los jueces de este TPI una orden de detención. Y también por los mismos delitos (presuntos, claro) cometidos por los nazis. Pero a Netanyahu le ha faltado tiempo para emitir un comunicado donde sostiene que esa decisión del fiscal “va dirigida contra todo el Estado de Israel, que libra una guerra justa sin parangón en moralidad”.

Si los magistrados secundaran la solicitud, la orden de detención, obligaría a las policías de los 124 países miembros del TPI (España, entre ellos), y afectaría asimismo a los altos mandos de Hamás, también por crímenes contra la humanidad, como el exterminio, violaciones y otros tratos degradantes de la dignidad humana sobradamente verificados en el salvaje ataque del 7 de octubre contra indefensos ciudadanos israelíes, así como el trato cruel a los 128 rehenes aún en manos de los terroristas (22 ya muertos, según fuentes israelíes).

TE PUEDE INTERESAR

¿Órdenes de detención contra Netanyahu y sus colaboradores? Una derrota moral para Israel

Ignacio Cembrero

Tramitar la solicitud del fiscal va para largo. Los jueces se van a tomar su tiempo (meses, no días ni semanas). Y tampoco parece que el asunto vaya a tener mucho recorrido. En el caso de que se dictara la orden de detención, la entidad Palestina, como miembro del TPI desde 2015, estaría obligada a detener a los dirigentes de Hamás en su territorio, pero la policía israelí no tendría por qué hacerlo en el caso de Netanyahu, porque su país nunca firmo el Estatuto de Roma (1998) ni la adhesión al TPI desde su entrada en vigor (julio de 2002).

Sin embargo, el tsunami político, judicial y moral está servido dentro y fuera de Israel. De momento el aldabonazo del fiscal Khan contra los máximos responsables del conflicto en la Franja de Gaza ha reforzado políticamente a Netanyahu, pues tanto a su oposición interna como a su aliado americano (EEUU tampoco reconoce al TPI) les ha parecido intolerable que el fiscal Khan ponga en el mismo plano de la reprobación política, judicial y moral a una organización terrorista y un Estado democrático.