El desbloqueo del CGPJ no cancela la tensión entre jueces y Gobierno

El historial no permite deducir que el pacto PP-PSOE sobre el CGPJ, firmado ayer tarde en Bruselas (¿por qué de un tiempo a esta parte los acuerdos relevantes de la política nacional se ventilan en el extranjero?), va a mejorar las relaciones entre los dos grandes partidos de la centralidad.

Tampoco cancelará los recelos de los jueces frente a un Ejecutivo de tentaciones autocráticas que airea la insidiosa teoría del lawfare. O sea, la supuesta guerra sucia de la Judicatura a un poder político ignorante de que también los jueces pueden ser juzgados o sometidos a procesos disciplinarios por malas prácticas en el desempeño de su labor.

El Gobierno y el PP celebran las capitulaciones de Bruselas, pero la tensión institucional entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional crece tras las anuladas sentencias del primero por parte del segundo, las venideras cuestiones constitucionales y prejudiciales se ciernen sobre la aplicación de la amnistía (el TS aún no ha tomado decisiones sobre supuestos no amnistiables), sin que cesen los ataques del independentismo a la Judicatura mientras el Gobierno silba melodías y, en fin, cuando una “investigación prospectiva” sigue amargando la vida al marido de Begoña Gómez.

Oigo decir en distancia corta a un jurista de reconocido prestigio que los magistrados del Constitucional son “apéndices togados del partido que les nombra”. De ahí su mala prensa de instancia previsible. Como ha ocurrido en su reciente 7 a 4 que anula la condena del TS por prevaricación a la exministra socialista, Magdalena Álvarez, en el fraude los ERE andaluces.

Las cuestiones constitucionales y prejudiciales se ciernen sobre la aplicación de la amnistía (el TS no ha decidido sobre supuestos no amnistiables)

Parece que va a ocurrir con otros condenados por malversación en aquel caso de saqueo a los fondos públicos. Y eso forma parte de la reyerta interminable entre el PSOE que gobierna y el PP que aspira a gobernar. En un bando se habla del “mayor escándalo de corrupción de la democracia” y en el otro de “la mayor cacería política de la democracia”. Elijan ustedes, mientras se avecina un nuevo 7 a 4 contra las leyes autonómicas de Díaz Ayuso (LGTBI y Trans) recurridas por el Gobierno ante el TC, en vísperas del internacional Día del Orgullo, por supuesta vulneración de los derechos y libertades.

En el medio, los jueces y magistrados de los tribunales ordinarios. A diferencia del TC (garante de la constitucionalidad de las leyes y guardianes de los derechos fundamentales), forman parte del orden jurisdiccional que tiene por cima al TS (artículo 123 de la Constitución) y ahora lamentan que el TC actúe en algunos casos como tribunal de última instancia jurisdiccional sin que estuviera en juego una vulneración de derechos y libertades. Por ejemplo, en el citado de Magdalena Álvarez.

Nada tan encendido como el malestar de jueces y magistrados por el atropello a la independencia judicial desde el poder recosido en torno al Gobierno y su mayoría parlamentaria. Algunos hablan de “prevaricación legislativa”. En un lenguaje menos creativo, el constitucionalista y director de la Real Academia Española, Muñoz Machado, se refiere públicamente a una subordinación de la separación de poderes a la “unidad de mando”.

Véase la ley de amnistía y su vivo momento procesal en turno de jueces, que son los llamados a aplicarla. De entrada, la ven como una norma aquejada de serios problemas de técnica tanto jurídica como legislativa. Entre otras cosas, porque formalmente viene de una iniciativa de partido, no de Gobierno, sin haberse sometido a los consabidos controles de calidad en altos órganos consultivos. Además, jueces y magistrados están convencidos de que es una ley hecha al dictado de un poder político “insaciable”, mientras las terminales de la Moncloa hablan de “movimientos judiciales contra la amnistía”. Así se refería El País hace unos días a las dudas de los jueces sobre la aplicación de la ley en los supuestos no amnistiables de la propia ley.