Los hijos del desamparo y la política nacional

Con más de 6.000 menores instalados en 80 centros (la mitad del total recogido en toda España) aunque la geografía no le permite elegir, Canarias bien puede reconocerse como tierra de acogida, no inspirada en inexistentes normas específicas, más allá del respeto a los derechos humanos de exigible transposición al ordenamiento jurídico.

Suena bien. Una consideración moral, al fin y al cabo, inscrita en la creencia de que ningún migrante que viene a buscarse la vida, y mucho menos un niño, debería pagar las consecuencias de que los países receptores olviden la dignidad humana en la regulación del fenómeno migratorio.

El problema aparece cuando la generosidad de canarios, ceutíes y melillenses choca con una mera cuestión de capacidades que no dan más de sí. Entonces se entiende su apremio para que el resto de las comunidades autónomas compartan obligatoriamente la misma voluntad de acoger a los llamados 'menas' (migrantes menores de edad no acompañados).

De eso va la reforma de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno en sintonía con el ejecutivo canario. De repartirse el exceso de llegadas a Canarias, Ceuta y Melilla, cuando los hijos del desamparo desborden en un 150 % la capacidad física de las instalaciones habilitadas al efecto en dichos territorios.

El plan para el reparto obligatorio de los 'menas' que desbordan a Canarias, Ceuta y Melilla, produce efectos desestabilizadores

Sin embargo, resulta desalentador que una apelación a la dignidad humana, doblemente amenazada en el caso de 'menas' braceando por sobrevivir, esté generando un mezquino problema político entre gobernantes nacionales y territoriales.

Está ocurriendo porque la concertada iniciativa del Gobierno central y el de las islas Canarias, muy razonable a mi juicio, está produciendo efectos desestabilizadores en la política nacional, tanto en el bando llamado "progresista", como en el llamado "conservador".

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Desde la Generalitat de Cataluña y el partido de Puigdemont (ERC y Junts en esto van de la mano), aliados del Gobierno de Sánchez, ya han enviado señales de su negativa a entrar en el reparto obligatorio de 'menas', porque ponen por delante la exigencia de que el Estado les ceda todas las competencias para ir a su aire en materia de inmigración.

Y desde las cinco autonomías gobernadas por el PP con Vox, el socio ultraderechista ya ha dicho que está en contra del reparto. Y que si llega el caso romperá sus alianzas en Castilla y León, Valencia, Aragón, Extremadura y Murcia.

Curiosa coincidencia. Aunque sea por distintas razones, la ultraderecha (Vox) y sus enemigos irreconciliables (separatistas) cometen el mismo pecado. El futuro de estos niños se convierte así en moneda de cambio para conservar las poltronas o, en su caso, como amenaza de perderlas. A todo eso queda subordinado el desamparo de los menores empujados al desarraigo y quizás a la delincuencia, si la insensibilidad de los poderes públicos de un mismo país (nacionales, autonómicos, municipales) llega al extremo de pensar que el problema es de otros.

El futuro de estos niños se convierte en moneda de cambio para conservar las poltronas o, en su caso, como amenaza de perderlas

Con los descuelgues señalados (Vox e independentistas), el plan no saldrá adelante sin el apoyo parlamentario del Partido Popular que, por cierto, participa en el Gobierno de Canarias, impulsor junto al central de Pedro Sánchez de la venidera iniciativa legislativa por el reparto de menores inmigrantes que llegan descolgados de la familia.

Que yo sepa, la dirección del PP nacional todavía no ha dicho si está a favor, a riesgo de perder el poder en cinco Comunidades, o está en contra, a riesgo de desautorizar a los cinco consejeros de su partido, incluido un vicepresidente, que gobiernan junto a Coalición Canaria.

Un ladrillo más en los hombros de Núñez Feijóo.