Guerra sucia contra los "fachas con toga"

Como dicen los constitucionalistas de reconocido prestigio, lo importante es que las instituciones funcionen, sin perjuicio o al margen de quien gobierne. No estaría mal que el Gobierno hiciera pedagogía de ese principio en su anunciado plan de regeneración democrática (los detalles, el día 17).

La malversación del mencionado dogma civil está haciendo un daño irreparable. Y sigue campeando entre quienes hablan de “lawfare”, “justicia creativa”, “fachas con toga”, “jueces prevaricadores”, conceptos que se han hecho habituales en el discurso de quienes sostienen que el Tribunal Supremo se ha extralimitado en sus funciones.

Sin embargo, tomarse en serio el principio de la confianza en el funcionamiento de las instituciones, en un régimen de separación de poderes como el nuestro, ayuda a entender por qué la ley de amnistía encalla parcialmente en su aplicación. Hay un único y verdadero motivo: se trata de una norma hecha al dictado del poder político.

No es porque, como dice la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Poder Judicial estén ocurriendo “cosas extrañas”. Y tampoco es porque, como sugiere la ministra portavoz, Pilar Alegría, a los jueces no les queda otra que aplicar la voluntad del legislador, pues eso es justamente lo que ha hecho el TS sin necesidad de remitir una cuestión prejudicial al alto tribunal de la Unión Europea (TJUE), al menos por ahora, y sin perjuicio de que lo hagan otros tribunales concernidos.

Seis de los siete magistrados de la Sala Segunda del TS han decidido aplicar la ley tal cual, en base a uno de los supuestos no amnistiables descritos en sus dos primeros artículos, en el Código Penal tras su última reforma y en la legislación europea. A saber: malversación de fondos públicos con asteriscos de lucro personal y daño a los intereses financieros de la UE.

La mencionada Sala Segunda condenó a los nueve principales dirigentes independentistas del procés en octubre de 2019. Es la misma que libró al ministro Bolaños de una querella por falsedad en documento público que, de haber sido admitida (se archivó por falta de base), hubiera terminado con la carrera política del todopoderoso ministro de Sánchez.

Opinión

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Hablamos de la misma sala que metió en la cárcel a un derechoso vicepresidente del Gobierno (Rodrigo Rato) y archivó no pocas querellas malintencionadas contra un vicepresidente izquierdoso (Iglesias Turrión). Pero ahora son víctimas de una guerra sucia desde el frente ejecutivo-legislativo hacedor de la amnistía. Y algunos quieren acusarles de violar los derechos humanos de los condenados del procés (ese sería es el sentido de un recurso de amparo de los independentistas ante el TC).

Para entender los ataques al TS a raíz de su resolución del lunes pasado hay que entrar en la trastienda política del asunto. A partir del hecho verificable y verificado de que Sánchez ha contratado al independentismo catalán para externalizar su ambición de poder. Es el origen del descalzaperros.

El líder del PP, Núñez Feijóo, lo calificaba ayer de “chapuza jurídica”. No es el único, dentro y fuera de la política. Incluidos muchos hombres de leyes inscritos en asociaciones progresistas, convencidos de estar ante una ley reñida con la Constitución y no inspirada en los intereses generales, sino en los apremios políticos del macho alfa de la política nacional.

Lo cual explica, entre otras cosas, que un magistrado del Tribunal Constitucional adscrito al bando “progre” de la Judicatura, el exministro Juan Carlos Campo, esté encantado de que el líder PP pida su renuncia. Le facilitará el paso atrás que le reclama su propia conciencia profesional, conectada a la de tantos otros que, próximos o lejanos a esas sensibilidades corporativas, hablan de la mala calidad técnica de una ley redactada con prisas al gusto de los propios afectados, que se ha ido haciendo y rehaciendo según las rachas de viento procedente de Waterloo, donde ejerce de gurú jurídico el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, condenado en su día a 14 años de cárcel (cumplió siete) por el secuestro del empresario Emilio Revilla en 1988.