Carpetazo judicial y estupor social

En junta celebrada el pasado 6 de febrero doce de los quince fiscales de lo penal del Tribunal Supremo, al hilo de la exposición razonada remitida por un juez de la Audiencia Nacional, detectaron indicios para investigar a Carles Puigdemont y a un diputado del Parlament, Rubén Wagensberg, por delitos de terrorismo en relación con el asalto al aeropuerto de Barcelona en octubre 2019.

Veintitrés días después, el 29 de febrero, por unanimidad de sus magistrados, el alto tribunal asumió la causa, argumentando que los hechos imputables a Tsunami Democràtic podían encajar en el delito de terrorismo. Al efecto, se citaban al menos una decena de sentencias relacionadas con la llamada kale borroka en el País Vasco.

Sin embargo, la solvencia de estos antecedentes se ha evaporado por un incumplimiento (investigar fuera de plazo) achacable al juez, García Castellón, que prorrogó la instrucción en el procedimiento menos de veinticuatro horas después de tope legal permitido.

Vamos con las consecuencias:

Una, la Audiencia Nacional tumba todas esas actuaciones desde la vulneración del plazo (30 de junio de 2021).

Dos, el juez instructor archiva el caso a toda prisa sin apearse de que fueron hechos “susceptibles de ser calificados de terrorismo”, aunque le ha faltado tiempo para seguir investigando a los 10 imputados de Tsunami.

"Por quemar un cajero al grito de ¡gora ETA! hubo chicos de la 'kale borroka' condenados a cinco años de cárcel", dice un prestigioso juez

Y tres, el Tribunal Supremo, también acuerda el sobreseimiento de la causa especial en fase de instrucción en el caso de los dos aforados (Puigdemont y Wagensberg).

La forma se come al fondo. O sea, que un defecto de forma (error procesal) determina el fondo de la cuestión: ¿encajan esos hechos en una o más variantes de terrorismo, incluidos los asteriscos que harían no amnistiable ese delito?

A afectos formales no ha lugar a la pregunta. Pero se entiende el estupor social, aunque solo sea por el hecho de que fue la defensa de Puigdemont quien levantó la liebre para que los sapientísimos jueces y tribunales descubrieran el error procesal tres años después. La gente en la calle no dejará de preguntarse cómo es posible que una banal cuestión formal (prórroga a destiempo), y no de fondo, ha podido determinar la cancelación de tres años de investigaciones sobre lo ocurrido el 14 de octubre en el aeropuerto de Barcelona.

Todos vimos las violentas imágenes del asalto organizado a dicha infraestructura pública. Oigo decir a una prestigiosa figura de la judicatura: “Por quemar un cajero al grito de ¡gora ETA! hubo chicos de la kale borroka condenados a cinco años de cárcel”, en alusión a la violencia callejera, también llamada “terrorismo de baja intensidad” en tiempos recios del País Vasco.

Volviendo al caso de Barcelona, estaríamos más tranquilos si tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo hubieran cuestionado los amarres probatorios de un supuesto delito de terrorismo por débiles, apresurados y mal traídos. Pero, insisto, aunque eso se deje caer, la cancelación del caso Tsunami no se ha debido a la fragilidad de las pruebas sino a un lance meramente procedimental.

Y eso solo tiene una ventaja. La de que nadie en su sano juicio podrá decir ahora que estamos en manos de jueces fascistas y mafia togada. Le da igual a Jordi Turull, secretario general de Junts, el partido de Puigdemont, que de esta sale por la puerta grande. Sostiene que la democracia española está en manos de la “toga nostra”.

¡Qué ocurrente!