El separatismo fiscal no tiene nada de progresista

Si las federaciones del PSOE, la militancia de ERC o el cabreo de Junts no frenan esta reaccionaria concesión al independentismo catalán -por distintas razones, claro-, el “preacuerdo” para concertar la investidura de Salvador Illa se convertirá en bomba de racimo de imprevisibles consecuencias. Y no creo que generar más inestabilidad y más polarización se justifique por hacer presidente a Illa y dejar a Puigdemont sin la épica del retorno.

Nada que ver con el pregón voluntarista de la ministra portavoz del Gobierno (“Es el triunfo de la política”) ni con el apresurado análisis de los defensores de “Illa for president” a cualquier precio. Dicen que es un gran paso hacia la normalización y el progreso de Cataluña y el resto de España. No lo parece, salvo que las estridencias mediáticas del caso Begoña (querella de Sánchez contra el juez por prevaricación) silencien el malestar de los actores no implicados en el llamado “concierto económico solidario”. Incluso, por abajo, por las bases, entre los partidos firmantes.

Se multiplican los recelos a uno y otro lado de la barricada, la ideológica y la identitaria, ante la pactada entrega de la “llave de la caja” a la Generalitat, previo paso por el telar legislativo del Parlamento. Consiste en permitir lo que no se permitirá a otras comunidades autónomas. A saber: recaudar el 100% de los impuestos, gestionar, liquidar y contribuir a la solidaridad con una cantidad negociable, al modo del “cupo” vasco. Y eso no tiene nada de progresista.

Me ciño únicamente a lo que el “preacuerdo” (pendiente de ratificación vinculante en las bases de ERC, convocadas para el viernes que viene), tiene de ataque a principios básicos del marco constitucional. Los contemplados en la normativa sobre financiación autonómica. Por ejemplo, solidaridad interterritorial e igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos, vivan donde vivan. Y también el innegociable régimen común del sistema, con las constitucionalizadas excepciones de Euskadi y Navarra por razones históricas.

Un minuto después de conocerse el “preacuerdo” sobre la financiación “singular” de Cataluña (estructural a partir de 2025, no ocasional), la parte contratante de ERC anunciaba a los cuatro vientos que el separatismo fiscal de Cataluña, arrancado al Gobierno de Sánchez con el interesado asentimiento del PSC, solo es un peldaño más hacia el “objetivo final: la independencia de Cataluña”.

Que nadie se llame a engaño en ese sentido. Lo demás, incluida una “convención nacional” sobre el “conflicto político” y un nuevo impulso a la lengua catalana, forma parte de la desafiante secuencia fáctica iniciada hace doce años por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, tras su fallido paso por la Moncloa para reclamar un “pacto fiscal”. Se volvió a Barcelona con el “no es no” de Mariano Rajoy, pero supo convertir aquel agravio en el consabido procés independentista que desde entonces ha condicionado la política nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Concierto económico y tijeretazo a la solidaridad: así quedaría la financiación de Cataluña

Javier Jorrín

Y la sigue condicionando, a pesar de que el separatismo catalán está en su peor momento. Por una parte, los seguidores de Puigdemont (Junts) acusan a los de Marta Rovira (ERC) de haber cambiado de bando. Y por otra, resulta que los partidarios de la independencia van perdiendo en las encuestas (un 40% a favor, frente al 53 % en contra).

Lo hemos comprobado al ver cómo la fumata salía blanca (negra, a mi juicio) tras una larguísima reunión de la ejecutiva de ERC. Atrás quedaban las discretas negociaciones a tres bandas (ERC-Gobierno-PSC) que han venido desarrollándose con la mirada puesta en el último día de julio, marcado como fecha tope para concertar la investidura de Illa o, en caso contrario, para ir a unas nuevas elecciones.

No está dicha la última palabra sobre esta disyuntiva.