El injustificable portazo de Sánchez y Ribera al Congreso

En relación con la calamidad pública que genera frustración, llanto, desamparo y ruina económica entre los afectados por la tromba del 29 de octubre en decenas de municipios valencianos, revientan los diques de la razón, corre libre el fango de la reyerta partidista y se acumulan los despropósitos.

El último desvarío en materia de mal gobierno, del que solo se salvan los alcaldes de la zona devastada, es el portazo del presidente del Gobierno y su ministra de Transición Ecológica al Congreso de los Diputados. Ni Pedro Sánchez ni Teresa Ribera piensan asistir el miércoles próximo de la sesión de control al Ejecutivo. Han decidido externalizar sus responsabilidades en el ministro de Administración Territorial. Será Ángel Víctor Torres quien responda por ellos.

Me parece un portazo injustificable. Sin perjuicio del sistema descentralizador de competencias, el presidente está al frente de la función ejecutiva del Estado. Por tanto, dirige la administración civil. Y la todavía ministra es la máxima responsable de lo que hizo o no hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar durante las horas previas a la tragedia del 29 de octubre.

Si no cambian de parecer, estarán fuera de España el día dedicado por la representación del pueblo soberano a fiscalizar al Gobierno. La excusa de Sánchez es su asistencia a la cumbre mundial del clima en Bakú (Azerbaiyán). Pero nadie, como los organizadores del evento, hubiera entendido mejor los motivos de su inasistencia. Y la excusa de Teresa Ribera es que se encontrará en Bruselas preparando su evaluación como próxima comisaria de la Competencia y Transición Verde.

La ministra es la máxima responsable de lo que hizo o no hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar en horas previas a la tragedia

Además, lo de la ministra está reñido con la norma que prohíbe expresamente a los miembros del Ejecutivo "ejercer otras funciones representativas que no sean las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna" (artículo 98.3 de la Constitución Española).

Conviene recordar que Ribera no ha cesado como vicepresidenta ni como ministra de Transición Ecológica. Y, sobre todo, que en algún cajón de su despacho duerme un sueño de quince años el "plan de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo" que desagua en la Albufera, elaborado en su día para evitar una avalancha peor que las seis "avenidas" registradas desde 1957 en ese cauce natural pendiente de saneamiento.

"El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años" (art. 142 del Código Penal)

En el volquete de datos sobre la previsibilidad de una catástrofe que pudo evitarse, o al menos minimizarse, en pérdida de vidas humanas, se amontonan las pruebas de que no hubo diligencia en la difusión de alarmas, sobró reyerta partidista y faltó coordinación entre las administraciones.

Aunque no es caso cerrado, podemos elevar a definitivas las conclusiones que apuntan a un supuesto de desidia criminal, con resultado de 223 muertos (cifra provisional, por desgracia). Y aquí me sale al paso la figura del "homicidio imprudente". A saber: "El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años" (artículo 142 del Código Penal).