¿Destrucción de pruebas en el corazón del Estado?

En el duelo de misiles entre quien gobierna (Sánchez, PSOE) y quien puede gobernar (Feijóo, PP) está servido el empate en un vicio contagiado a la alta política: la destrucción de pruebas en un procedimiento judicial. Unos, a martillazos (caso Gürtel). Otros, pirateando en la nube digital (caso García Ortiz).

Solo nos faltaba descubrir que el fiscal general, investigado por el Tribunal Supremo en un supuesto delictivo por revelación de secretos, pudo cometer además otro por destruir pruebas. Si es verdad lo sugerido por la UCO sobre el borrado de los mensajes del móvil incautado a García Ortiz, lo de "calvario judicial" de Sánchez se queda corto. Ahora nos invita a disculparnos con el fiscal. Y eso es ciscarse en el lema de Drucker: "Para salir del hoyo lo mejor es dejar de cavar".

Una sombra muy negra planea sobre la institución llamada a promover la acción de la Justicia. El supuesto es aterrador. Nada menos que la obstrucción a la Justicia desde el mismo corazón del Estado. En malsana complicidad con el Gobierno, pues Sánchez equipara borrado de pruebas con inexistencia de pruebas. Y carga contra quienes creemos que el fiscal utilizó datos confidenciales para destruir políticamente a Díaz Ayuso por cuenta de los delitos fiscales de su novio.

¿A qué viene tan apresurada y temeraria exculpación pública del fiscal general solo porque las pruebas que aparecían en los dispositivos de García Ortiz en el mes noviembre desaparecieron en el mes de diciembre?

La Fiscalía usa argumentos preventivos demasiado frágiles frente a la sensación de estar avanzando en degradación institucional

Me remito a la bien documentada información de Parera y Requeijo en El Confidencial. Nos recuerda que el cruce de mensajes entre los fiscales (el del caso, la jefa provincial y García Ortiz) ya quedó acreditado por la UCO en las 50 páginas de su informe oficial de noviembre. Ahí se reflejaba la difusión pública de una correspondencia privada entre Amador, el novio de Ayuso, y su abogado (fiscal provincial de Madrid a fiscal general del Estado: "¿A dónde te la envío?"). Lo cual tiene relevancia penal. El supuesto delictivo es revelación de secretos. Pero ahora resulta que esa correspondencia y ese cruce de mensajes ya no aparecen en los dispositivos del fiscal general ¿Por cambio de móvil o costumbre de borrarlos por razones de seguridad?

Me parecen argumentos preventivos demasiado frágiles frente a la turbadora sensación de estar rebasado una línea roja en términos de degradación institucional. Lo acabaremos sabiendo por vías policiales, judiciales o mediáticas. O por las tres a la vez, a partir del informe original de la UCO. De momento solo sabemos que los mensajes cruzados por los fiscales entre el 8 y el 14 de marzo (semana clave en los hechos) han sido borrados. Y que Sánchez, querellado por el novio de Ayuso, ha sido convocado por el juez a un posible acto de conciliación el 12 de febrero por si se disculpa de haber calificado en público de "delincuente" a Alberto González Amador.

"Dejemos que el juez haga su trabajo", dijo el superministro Bolaños en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, cuando se le preguntó por el culebrón judicial que acorrala a Sánchez. De acuerdo. Es previsible el dictado de nuevas diligencias para recuperar los mensajes borrados del móvil del fiscal general (y de quienes los recibieron, se supone). Que sean los jueces y no el presidente del Gobierno quienes digan si ha habido o no ha habido aviesa intención exculpatoria.