Jueces y periodistas: ¿enemigos de la democracia?

Los teólogos de la Moncloa, inspirados por el jefe de gabinete del presidente, Diego Rubio, cuyo historial académico culminó con una tesis doctoral ("The Ethics of Deception", Departamento de Lenguas de la Universidad de Oxford, 2016) sobre la eficacia del engaño como herramienta en la conquista o la conservación del poder, han fletado una iniciativa parlamentaria (de partido, no de Gobierno) contra la insolencia de jueces y periodistas conjurados para matar políticamente a Pedro Sánchez.

Es la traducción libre —perfumada por la ironía— de la proposición de ley orgánica registrada ayer en el Congreso por el portavoz socialista, Patxi López. El borrador toca fibras sensibles de la Constitución. Dogmas civiles como la libertad de expresión o la independencia judicial resultan afectados por la reforma propuesta en el marco de una cruzada de regeneración democrática, ¿al hilo de las ideas de un promotor de la ética de los bulos que Sánchez conoció en Oxford en mayo de 2018? Eso parece.

La narrativa oficial apunta a la urgente necesidad de frenar a los enemigos del sistema. Su primer dique argumental es que también lo hizo el PP con Rajoy en la Moncloa ¿El PP referente virtuoso de las políticas del PSOE? Antes de tirarnos por la ventana, mejor lo tomamos como enésima prueba de que el poder imita al poder a uno y otro lado de la barricada ideológica.

El PP antes y el PSOE ahora se disfrazan de libertadores frente a los supuestos liberticidas. Hay que cortarles las alas en el BOE. A los partidos políticos que abusan de la acusación popular en los procesos judiciales. A los periodistas que difunden bulos. A las leyes sobre protectoras de los sentimientos religiosas. Y, en fin, a los jueces que expresan públicamente sus ideas políticas y utilizan recortes de prensa como una herramienta de trabajo.

El plan regenerador de Sánchez carece de credibilidad. Solo se entiende en el imaginado marco de una política libre de códigos éticos

Otra vez la recurrente aversión de Sánchez al recorte de prensa como indeseable mensajero. Sería absurdo declararlo desechable como prueba documental a efectos judiciales de un hecho si es reflejo fiel y no manipulado de la realidad. Otra cosa es el recorte como trasposición de un bulo, pero ¿no dispone el juez de medios sobrados para verificarlo? Ya, pero me temo que en la Moncloa ya han decidido endosar a los jueces una patológica adicción al bulo mediático solo por amargarle la vida a Sánchez.

Lo que se reprueba en el insólito borrador coincide con posiciones del adversario o de quienes simplemente ejercen la discrepancia con el poder en un régimen de opinión pública. Si la iniciativa prospera, a estos les alcanzará de lleno la intimidante operación legal de limpieza en nombre de la "regeneración" urdida por el Estado Mayor del presidente del Gobierno.

Y aquí no procede distinguir sobre el firmante del texto, aunque el hecho de que sea el PSOE (proposición de ley) y no el Gobierno (proyecto de ley), le evita pasar la ITV del Consejo de Estado y el CGPJ. Sí, viene a cuento, en cambio, recordar la doctrina original lastrada, en mi opinión, por su falta de credibilidad. A saber: la política española ha sido confiscada por difusores de bulos y fabricantes de fango y urge su reeducación. Incluso con efecto retroactivo, de modo que alcance ya a las personas del entorno de Sánchez judicialmente empapeladas ("Las modificaciones serán de aplicación a los procesos en curso", dice una disposición transitoria).

El plan carece de credibilidad. Solo se entiende en el imaginario marco de una política libre de códigos éticos. No muy distinto de la venezolana (Maduro), la rusa (Putin) o la norteamericana (Trump). Son los carnavales de la nueva política. Por allí y por aquí se ha disparado el uso de las máscaras. Eso ayuda a entender mejor por qué Sánchez se embarca en extravagantes proyectos, como celebrar la muerte de Franco como averiado despertador frente a los nuevos dictadores. O encubrir su descrédito con los no menos averiados mantras de que hay una conjura de jueces y periodistas para destruirle.