Vivienda: el fracaso de la política

Frente al problema de la vivienda, el partido que gobierna y el que aspira a gobernar han llegado a la misma conclusión: es urgente ampliar la oferta. PSOE y PP, de acuerdo en lo obvio. A partir de ahí, las competencias del Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se someten a la reyerta partidista, que se hace insoportable en cuestiones tan de interés general. Por ejemplo, la aplicación de un derecho constitucional.

Eso pasa por garantizar “el acceso de todos los españoles a una vivienda digna a precios asequibles”, en palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría. Un deber de imposible cumplimiento porque ese derecho capitula, como tantas otras cosas, ante la dictadura del mercado, que impone sus leyes (mucha demanda, poca oferta) y deja a España a la cola europea (2,5 % frente al 9 % en la UE) en viviendas sociales.

Solo una sentada de los dos partidos centrales que controlan la capacidad reguladora del Estado y la voluntad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos podría poner en común las propuestas que el Gobierno y el PP han presentado en sociedad. En ambas partituras hay pasajes que suenan bien. Menos claro está que haya voluntad de lograr objetivos compartidos, como liberar suelo, perseguir la demanda especulativa, aumentar sustancialmente el parque de vivienda protegida, agilizar la concesión de permisos de obra, etc.

Una cosa es decir y otra hacer en un sistema que limita con el mercado y el BOE, con el derecho de propiedad y los planes urbanísticos, y que se altera por los roces entre lo público y lo privado. Un “pacto por la vivienda” sería el mejor camino para redimirse del fracaso de la política. Pero sus dirigentes han compartido los Gobiernos centrales y territoriales durante años contemplando pasivamente cómo, a causa de los precios, el derecho a una vivienda propia o alquilada se convertía en algo inalcanzable para millones de españoles, especialmente jóvenes y familias vulnerables.

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Ahora que al PSOE y PP les entran las prisas -mejor tarde que nunca, claro-, nos sale Feijóo negando cualquier acercamiento si previamente el Gobierno no ordena retirar la proposición de ley orgánica ("ley Begoña", dice el líder del PP) contra la “acusación popular” y el uso de recortes de prensa en causas judiciales. Más ceñida al debate que nos ocupa, la ministra portavoz se pone estupenda matizando diferencias ideológicas entre “liberalizar” (PP) o “poner a disposición” (PSOE) respecto al uso del suelo público. Lo segundo favorece intereses inmobiliarios, pero estaría indicado en determinadas circunstancias.

Tiene razón la ministra cuando, en defensa de la posición del PSOE, sostiene que poner suelo público a disposición de los constructores (con condiciones, claro) no es intervenir en el mercado, sino cumplir la Constitución. Véase la llamada Operación Campamento, donde, por cierto, se da una complicidad del Gobierno con una administración del PP (Ayuntamiento de Madrid). Pero, aunque lo fuese o lo pareciese, si en algo tiene sentido el intervencionismo estatal es en impedir efectos indeseables del libre juego de las fuerzas del mercado es precisamente en la vivienda.

Esa será la tarea asignable a la empresa estatal de vivienda y suelo que acaba de alumbrar el Gobierno. Por ahí iba el espíritu y la letra del texto de la ley de vivienda aprobada en mayo de 2023. Sánchez necesitó cinco años para descubrir que solo un volquete de vivienda pública en el mercado inmobiliario puede evitar que un derecho quede al albur de juego oferta-demanda. Se trataba entonces de que el 3% de vivienda social pasara a ser el 20%. Pero como no se puso fecha, fue, una vez más, hablar por hablar. Lo mismo que marcarse ahora como objetivo multiplicar por 8 el presupuesto destinado a vivienda en los próximos 7 años. ¿Es otro brindis al sol?