Reparto de 'menas': solidaridad al peso

Más señales en la averiada cultura democrática a esta parte del mundo civilizado que dice reconocerse en el humanismo. El peso de la solidaridad ya es solidaridad al peso. Se ha convertido en magnitud mesurable sometida a valoración en singular sentada (jueves pasado, una hora) de la ministra de Juventud, Sira Rego, y el presidente canario, Fernando Clavijo.

Unidades de medida como población o riqueza, mal repartidas sobre el tejido territorial, decidirán el reparto de la "carga": unos 16.000 niños extranjeros que llegaron a España donde la miseria quiso llevarlos y asimismo están mal repartidos entre las distintas Comunidades Autónomas. A partir del asentamiento de 'menas' en los últimos años, más o menos homologable a la dignidad de trato (techo, alimentación, escolarización, etc), urge ocuparse de los 4.500 que hoy por hoy revientan la capacidad de acogida de Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta.

En el mercado de las intenciones políticas desterrar a los gazatíes es cuestión de precio. Y darle salida a menores no acompañados que se hacinan en Canarias (4.000) y Ceuta (400) consiste, según la ministra de Juventud y la Infancia, en encontrar la fórmula "científica" para afrontar el reparto con ayuda económica del Gobierno (a concretar en un encuentro inminente del presidente canario con la ministra de Hacienda) hasta que los chicos vayan cumpliendo los 18 años.

En la Moncloa se celebra haber encontrado un cauce para afrontar el problema y llevar el acuerdo cuanto antes al Boletín Oficial del Estado, seguramente mediante un decreto ley de posterior convalidación parlamentaria. Pero, a la espera de ver cómo se aplican los criterios de equilibrio y sostenibilidad aireados por la ministra Rego, nace bajo la sospecha de venir condicionada por una exigencia de los costaleros nacionalistas de Sánchez a cambio de apoyar la fórmula cuando llegue al Congreso: que Euskadi y Cataluña queden fuera del reparto o les afecte lo menos posible porque ya hicieron los deberes de acogida.

El coste económico y la instrumentalización del desafío en las luchas de poder abonan las reticencias del PP

Eso irrita a otras comunidades, como Baleares o Murcia, ambas gobernadas por el PP, que también han hecho los deberes, aunque no disponen del poder conminatorio de Junts y PNV. La sospecha está tan arraigada que nadie se cree que el reparto vaya a ser justo, solidario y sostenible, sino resultado de las exigencias de Euskadi y Cataluña.

El resto de las comunidades gobernadas por el PP, salvo la canaria (allí el PP gobierna con Coalición Canaria y no puede darle la espalda a sus votantes), ya se han declarado objetoras del acuerdo. Sobre todo, por las dos presuntas excepcionalidades mencionadas, aunque Feijóo no quiere volver a ser víctima del relato que antes le presentaba como enemigo de los pensionistas y ahora quiere presentarle como enemigo de los 'menas'.

En perspectiva de país adherido al progreso y los derechos humanos, comprometido constitucionalmente con los tratados internacionales sobre la protección de los niños, la acogida de los menores que un día llegaron a España sin padres buscando una vida mejor debería ser una oportunidad de demostrar ese doble compromiso. Por ejemplo, viendo en estos muchachos proyectos de vida y no futuros delincuentes.

Opinión

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Pero el coste económico y la instrumentalización del desafío en las luchas de poder están estrechamente relacionadas con las reticencias de los dos partidos de la derecha. El PP reclama dotación presupuestaria del Estado. Y Vox, que ya viene peleado incluso con el PP por supuesto seguidismo de la Moncloa en materia de inmigración, se despeña con un bárbaro comentario de Abascal sobre "la chusma corrupta del Gobierno".

En realidad, solo estamos ante un preacuerdo de la ministra con el presidente canario, ahora en el telar de la Abogacía del Estado, que busca la forma de tramitar su camino hacia el BOE. Pero ya se ha convertido en el último encontronazo entre los dos partidos de la centralidad, en un asunto que debiera ser ventilado como un pacto de Estado entre el partido que gobierna y el que gobernará antes o después.