Los martillazos digitales del fiscal García Ortiz

La teoría de los martillazos al ordenador de Luis Bárcenas para destruir pruebas de la corrupción en el PP (2013) revive en los martillazos digitales del fiscal general a sus propios canales de mensajería. Este más sofisticado que aquel, pero ambos casos reflejan un supuesto de destrucción de pruebas.

Si esa forma de obstruir el funcionamiento de la Justicia se atribuye a quien preside la institución llamada a “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad”, solo nos queda tirarnos por la ventana. O cantar que, en este estado fronterizo con el realismo mágico, “nada sería tan justo como una tormenta de vino” (“Nombradores del Alba”).

En su estricta naturaleza de atestado policial, el informe de la Guardia Civil es pormenorizado y preciso. Tan contundente que la ministra portavoz, Pilar Alegría, se quedó sin palabras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le preguntaron por el borrado en los dispositivos de García Ortiz que acreditaban su “papel preeminente” (según la UCO) en la filtración de datos protegidos. Si el borrado no fue inocente, estaríamos ante una figura penal sobrevenida. Y ya es casualidad que se produjera el 16 de octubre de 2024, justamente cuando supo que iba a ser investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos (417 del Código Penal).

Por boca de la portavoz, el Gobierno reitera su “máximo apoyo” al señor García Ortiz. Pero, a diferencia de otras veces, cuando incluso se sugería la conveniencia de pedirle disculpas porque la UCO no había encontrado indicios incriminatorios, ayer no entró en detalles ni regañó a quienes creemos que los indicios y las convicciones acorralan al fiscal y lo acercan al banquillo si la sala de apelaciones del alto tribunal (o más tarde el Tribunal Constitucional si llega el caso) no le compran las causas de nulidad por el “allanamiento” de su despacho.

Dicen en la Moncloa que al TS le faltan pruebas. Una apuesta por la eficacia del borrado, a riesgo de que los expertos las recuperen

En esta ocasión, la ministra portavoz se limitó a constatar que al TS le faltan pruebas. Es una apuesta en toda regla, atención, por la eficacia del borrado, a riesgo de que los expertos informáticos las recuperen en sus viajes a la nube digital. Y a riesgo de que siga engordando el estupor de una opinión publica escandalizada por la falta de ejemplaridad de un fiscal general del Estado que no colabora con la Justicia (no respondió a las preguntas del juez cuando fue llamado a declarar), destruye pruebas potencialmente relevantes, se esconde detrás de una institución que funciona en régimen de obediencia debida (debida a él, por dependencia jerárquica) y desoye las voces autorizadísimas que dentro de la Judicatura y del propio cuerpo de fiscales le reclaman la renuncia para no seguir perjudicando a la institución.

Es desgarradora la sola posibilidad de que un defensor de la legalidad puede haber actuado fuera de ella. O constatar que la aplicación de la ley divide a quienes están obligados a defenderla. Ante la máxima debilidad argumental del fiscal y el máximo arropamiento del Gobierno, el escándalo se ha viralizado en clave política.

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La cordada de quienes encabezan el Gobierno, la FGE, la Abogacía del Estado y el Tribunal Constitucional, aparece en todos los análisis. Y la resistencia de García Ortiz a dimitir se interpreta como una forma de evitar que luego se pida la de Sánchez. Aunque los medios afines a la Moncloa sostienen que una eventual dimisión del fiscal solo serviría para inflar las mentiras del entorno de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso. Como si un delito fuera menos delito si la intención fuese dejar a alguien por mentiroso.