Ábalos: crónica sobre un huérfano del sanchismo

Esperaba pasar a la historia como el ministro que redujo el pago de peajes en las autopistas, garantizó el abastecimiento al pueblo soberano durante la pandemia y tuneó a la militancia socialista al servicio de un Pedro Sánchez desahuciado por aquel entonces, hasta que el sanchismo acabó siendo la nueva fe del PSOE (primavera de 2017) y Ábalos su profeta.

Ocho años después, el predicador del nuevo credo va camino de convertirse en un juguete roto del sanchismo. Los suyos le acusan de disparar por elevación. Ni siquiera el Partido Popular le reconoce el protagonismo del culebrón cuando su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sostiene que el llamado caso Koldo en realidad es una trama organizada desde la Moncloa y Pedro Sánchez el presunto "míster X".

Ábalos surfea esa ola para que le haga el trabajo de ofrecerse como "cortafuegos" en la escalada que se avecina. Pero lo cierto es que hoy por hoy el que fuera hombre fuerte en el Gobierno y en el PSOE no pasa de ser un simple justiciable. Por méritos propios. Los de haber obtenido beneficios económicos —al menos en especie— de una trama de corrupción infiltrada en el formidable poder de gasto público que controlaba como ministro de Transportes. Incluida la financiación de sus amores furtivos con cargo al presupuesto del Departamento.

En libérrima interpretación del exministro, que el juez haya encargado a la Guardia Civil una investigación de su patrimonio (y el de su hijo, por cierto) forma parte de una escalada política contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en la que a él le ha tocado ser "un daño colateral". Tan piadosa versión de los hechos, que nadie comparte, le deja "huérfano" y cada vez más expuesto a los "meritorios" del PSOE que desdeñan su sentido de la lealtad. Lo cual, según él, le impide echar la culpa de su situación a nadie. Solo a él mismo, por haber sido tan "confiado"-

El juez no se fía de Ábalos cuando este dice que no pretende sustraerse a la acción de la justicia. Por eso le retira el pasaporte

Nada de eso cuenta en la búsqueda de la verdad judicial sobre cuatro supuestos delictivos contemplados en la causa abierta en el Tribunal Supremo. A saber: pertenencia a organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal), cohecho (424 en relación con el 419)), tráfico de influencias (artículo 429) y malversación de fondos públicos (artículos del 432 al 435).

Con mal pie debió pisar la sede del TS el ahora diputado sin fuero, en su titubeante comparecencia del jueves pasado ("No me acuerdo", "No me suena"), a juzgar por el subsiguiente auto del juez instructor, Leopoldo Puente, que le prohíbe salir de España y presentarse cada quince días en la secretaría de la sala segunda del alto tribunal.

Opinión

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Son medidas cautelares solicitadas por las acusaciones. Quiere decirse que de momento el juez está más cerca de quienes le acusan en nombre del Estado (el fiscal del caso) y en nombre de la sociedad (acusaciones particulares con una sola voz, la del PP) que de quien le defiende. Lejos también del propio acusado, que niega con más o menos convicción haber cobrado comisiones del presunto jefe de la trama, Víctor de Aldama, o haber incurrido en comportamientos delictivos.

En otras palabras, el juez no se fía de Ábalos cuando este dice que no tiene intención de salir de España ni de sustraerse a la acción de la justicia. Por eso le retira el pasaporte y le obliga a dar señales de vida con presencias físicas quincenales, mientras la verdad judicial del caso en torno a Aldama, y el gran conseguidor, Koldo García, sigue un proceso de elaboración paralelo en la Audiencia Nacional.