Del separatismo fiscal al separatismo migratorio

Enésima claudicación del Estado ante el independentismo catalán. Claudicación interesada, claro. O sea, retribuida. No a favor del Estado sino de Pedro Sánchez. Es el pecado original de este tipo de iniciativas, que no nacen del interés general sino del particular braceo del presidente del Gobierno por mantener su flotabilidad, que pasaba por el recule de Junts en la exigencia de que aquel se sometiera a una cuestión de confianza parlamentaria.

Con el registro de la proposición de ley PSOE-Junts ayer en el Congreso, nace un plan de separatismo migratorio para Cataluña exigido por Junts, que coincidirá en su gestación con el separatismo fiscal exigido por ERC (financiación “singular”). Aquel canjeable por la investidura de Illa en la presidencia de la Generalitat. Y este canjeable por la continuidad de Sánchez en la Moncloa.

Ambos apuntan en la misma dirección: menos Estado y más autogobierno. Ahí coinciden los dos socorristas del Gobierno, Puigdemont y Junqueras. Aquel decía ayer que Cataluña, poco a poco, va a sumiendo retos “como nación”. Y Junqueras insiste ante quien quiera oírle en que lo de 2017 volverá a repetirse, sin ninguna duda, cuando haya una mayoría suficiente, “y nosotros trabajaremos para que la haya lo antes posible”.

No deberían apresurarse echando las campanas al vuelo, porque ninguno de los dos proyectos (separatismo fiscal conseguido por ERC y separatismo migratorio conseguido por Junts) tiene despejado el camino hacia el BOE.

El pacto migratorio presenta zonas de sombra por su dudoso encaje constitucional y una complicada aplicación práctica

El pacto migratorio presenta zonas de sombra por su dudoso encaje constitucional y una complicada aplicación práctica que pasa por un trabajo conjunto de los Mossos d'Esquadra con una Guardia Civil y una Policía Nacional cuyos representantes sindicales advierten de que tratarán de impedir esta “escandalosa e ilegal transferencia de competencias” en favor de la policía autonómica.

Tampoco queda claro que, como dice Moncloa, se trate de una delegación y no un traspaso de una competencia exclusiva del Estado (ver artículos 149 y 150 de la CE). El discurso de la ministra de las Migraciones, Elma Saiz, no casa con el de Puigdemont, que habla de “competencia integral”, “ventanilla única”, “modelo propio”, convencido de que en el futuro el control de las fronteras estará a cargo de los Mossos (se prevé un aumento de la plantilla de los 18.000 actuales a 26.800), si bien las expulsiones resultarán de un expediente instruido en un órgano paritario de la Generalitat y el Gobierno.

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Alejandro Requeijo

El anuncio del pacto, convertido en “proposición de ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración”, ha coincidido con el “no es no” de Podemos, cuyos cuatro diputados quieren frenarlo por la izquierda. “Esta ley no se hará con los votos de Podemos”, ha dicho su líder, Ione Belarra. Como el PP, que quiere frenarlo por la derecha porque, según Feijóo, supone “una humillación sin precedentes”.

En resumen, que el incierto futuro de las dos concesiones del Gobierno al independentismo catalán está, además, amenazado por el no menos incierto futuro de una legislatura aquejada de continuos sobresaltos. Hay una seria posibilidad de que tanto la financiación singular de Cataluña como el pacto migratorio se queden en la nevera ante una eventual convocatoria anticipada de elecciones generales.

Además, son evidentes los signos de que se tambalea el pacto de investidura. Ya no solo por las exigencias de Puigdemont en nombre de la Cataluña una grande y libre. Ahora también por la guerra fratricida de los amigos de una extrema izquierda partida en dos, Sumar y Podemos.

Por si fuera poco, también la corrupción de cercanías nos reserva emociones fuertes en lo más alto de la pirámide socialista. El runrún no para de crecer en torno a un territorio todavía inexplorado. El que dormita en los 170 dispositivos digitales incautados hace un año durante la llamada Operación Delorme y custodiados por la Guardia Civil en su papel de policía judicial.