Universidades: lo público y lo privado, según Sánchez

Hay un inequívoco sustrato ideológico en el debate suscitado por el endurecimiento de condiciones para fundar universidades. Con exigencias especiales en el caso de las privadas. Por tanto, más vale anticipar que si hay un ámbito donde esté mejor empleado el poder regulador del Estado, es el de la educación. Solo equiparable con la sanidad. Lo que se paga básicamente con los impuestos de todos los españoles según su capacidad económica (artículo 31 de la Constitución). En uno y otro solo lo público garantiza lo que no puede garantizar lo privado.

Es el nuevo frente abierto por Sánchez el lunes pasado en su visita a la UNED. Me atengo a la motivación del borrador, con sello de urgencia para que la reforma del decreto vigente (540/2021) salga del Consejo de Ministros en mayo y vaya al BOE “lo antes posible", con trámite previo de audiencia e información pública. Se trata de que “todas las universidades, públicas y privadas, sean proyectos de calidad y sostenibles”. La ministra portavoz, Pilar Alegría, lo dijo en términos más coloquiales, al distinguir entre “buenas y malas”.

Conviene recordar la textualidad del borrador por contraste con el estado de opinión forjado en la apariencia de que el Gobierno de Sánchez quiere acabar de un plumazo con las universidades privadas. Aunque quisiera, no puede. Sería anticonstitucional (el artículo 27 de la CE reconoce la “libertad de creación de centros docentes a personas físicas y jurídicas”), pero tal vez le traicione el subconsciente cuando se refiere despectivamente a ellas como “chiringuitos”.

La cantidad cuestiona la calidad. Y como la calidad también hay que pagarla, puede convertirse en un servicio costoso solo al alcance de familias pudientes. No parece casualidad que las mejores universidades privadas, con autonomía para fijar sus propias tasas, estén en las comunidades de mayor renta (Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco), las que casualmente también invierten menos en las públicas.

La cantidad cuestiona la calidad. Y como la calidad hay que pagarla puede quedarse solo al alcance de familias pudientes

En cuanto a la cantidad, es un hecho que la proliferación de campus privados (46 instalados y 9 a la espera, frente a 50 públicos) genera problemas de sostenibilidad. Por el bajo número de alumnos en muchos casos, porque la cuenta de resultados tiende a imponerse sobre la calidad de la enseñanza a la hora de contratar al profesorado, habilitar espacios dedicados a la investigación, facilitar el acceso al alquiler de viviendas en el caso de alumnos desplazados, etc.

Pero, sobre todo, porque la universidad pública (universitas, universitatis, universalidad, totalidad, como concepto) traslada valores públicos (búsqueda del conocimiento en libertad, igualdad, laicismo) mientras la privada traslada valores o intereses de carácter privado, como puede ser un determinado ideario político, económico o religioso, a caballo de instituciones políticas (o ideológicas, por mejor decir), económicas (un consorcio bancario o empresarial) o religiosas (la Iglesia Católica tiene una larga y fecunda tradición en España).

Son instituciones sociales no necesariamente comprometidas con la “universalidad” del conocimiento. Y de ahí que en el borrador del futuro decreto se exija que en las ofertas de grados, máster y doctorado estén representadas al menos tres de las cinco grandes ramas del saber. Además, acreditar solvencia económica, un mínimo de alumnos, poner a su disposición suficientes plazas de alojamiento, dedicar un determinado porcentaje del presupuesto a la investigación, etc.

Me parece razonable. Lo desalentador es que el intento de poner orden en la proliferación de centros universitarios privados (nada menos que 26 en los últimos veinticinco años) se convierte en el insoportable cruce de mal traídas descalificaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Impresentable que Sánchez califique de “chiringuitos” a las privadas. Pero no menos impresentable que Feijóo tache de “guerra civilista” este nuevo frente abierto por el Gobierno.