Lo que pasa cuando el defensor de la legalidad cambia de bando

Sostienen las terminales políticas y mediáticas de la Moncloa que no hay pruebas para sentar en el banquillo al fiscal general por presunta revelación de secretos. Y acusan al juez instructor de dictar un auto "plagado de arbitrariedades" (medios afines) y "difícil de entender" (ministra portavoz), mientras Gobierno y García Ortiz, unidos como el mango y la sartén, se resguardan con apelaciones a las generales de la ley: presunción de inocencia y falta de firmeza en esta decisión judicial.

Que el filtrador del documento de la discordia fue la Fiscalía es indiscutible. Sólo de ahí pudo salir. Que se canalizara a través de los medios hubiera sido imposible sin previa vulneración de un secreto por parte de su depositaria, la Fiscalía, tan exigida a no difundir datos privados de un ciudadano sin su consentimiento como los periodistas a defender la confidencialidad de sus fuentes y la Iglesia católica el secreto de confesión.

No es creíble que el fiscal general del Estado desconociera los correos del abogado de González Amador después de que los periodistas los hubieran mencionado en sus reseñas informativas ¿Quién puede tomarse en serio que García Ortiz se enteró por la Prensa de que era el novio de Ayuso quien ofrecía un acuerdo de conformidad al fiscal del caso y no al revés?

Otra cosa es que García Ortiz en persona fuese ajeno a la filtración. Y eso sí es difícil de entender, salvo que estuviéramos ante la mala práctica de un subordinado o subordinada del fiscal general con quien este se habría solidarizado haciendo suya la filtración en un comunicado de prensa. Más verosímil resulta creer que la conexión política de García Ortiz con el Gobierno que le ha nombrado ha prevalecido sobre el fuero institucional del cargo. Es lo que pasa cuando el garante de la legalidad cambia de bando: un desvanecimiento institucional que genera graves desperfectos en la marca España.

La conexión política de García Ortiz con Sánchez ha prevalecido sobre el fuero institucional del cargo que aquel ocupa

El proceso de descomposición galopa de un tiempo a esta parte sobre el funcionamiento de la democracia en nuestro país. La última aberración viene en boca de un ministro del Gobierno convencido de que la verdadera oposición política en España está en manos de los jueces. ¡Qué barbaridad!

Más creíble es que el fiscal general y su delegada en Madrid, Pilar Rodríguez, dieron publicidad a "una información que conocían por razón de sus cargos" -auto del juez Hurtado-, con el fin de reventar un bulo. O sea, desmentir que el fiscal del caso quería pactar con el novio de Ayuso, cuando era al revés. Lo cual era relevante para la construcción del "relato" extrajudicial que interesaba políticamente a un Sánchez tan encrespado con Díaz Ayuso como ella con él.

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Marisol Hernández

Vale, la Fiscalía restableció la verdad de los hechos. Correcto. Pero la verdad fáctica en este caso estaba reñida con la verdad judicial, que no puede construirse sobre la revelación de secretos sin control de un juez. La Fiscalía se puso al lado de la verdad, pero a espaldas de la ley porque incurrió en un presunto delito, a la luz de los artículos 197 y 417 del Código Penal.

No hay que ser un consumado jurista para saber que eso es lo que se está ventilando en el Tribunal Supremo, pendientes aún de los recursos ante el propio juez instructor y del que las partes puedan presentar luego ante el tribunal de apelaciones de la sala de lo penal. Todo ello antes de que sea irremediable el paso del fiscal general por el banquillo en busca de la definitiva verdad judicial cuando ya es abrumadora la convicción moral de que la Fiscalía reveló datos protegidos de un contribuyente.