De puteros y abolicionistas de la prostitución

Como parte de su lavado de cara, en vísperas de que el capitán Verano le eche un cable al capitán Sánchez, el Gobierno anuncia un anteproyecto de ley que prohíba la prostitución. Sería como prohibir la ley de la gravedad.

Pero a los teólogos de la Moncloa le han salido puteros de cercanías y es un mandato del último congreso federal del PSOE. Algo han de hacer frente al escándalo de unos audios "machistas y deleznables", en palabras de la exvicepresidenta, Carmen Calvo, cuya figura está asociada al fallido antecedente abolicionista de hace tres años.

¿Prohibir el oficio más viejo del mundo?

Planteado en esos términos carece de sentido. Entre otras cosas, porque desarbolaría el dogma feminista, tan coreado en la izquierda, de que la mujer es dueña de su cuerpo. Por tanto, soberana para declararlo de acceso restringido al amor, a la función reproductora, al sexo recreativo, a la exhibición o al desmadre.

¿Por qué no al interés, si el consentimiento está libremente expresado (pactado) por las dos partes? Al fin y al cabo, vender el alma para canjearla por posiciones de poder político o económico es más denigrante que vender el cuerpo como un medio de subsistencia. Y el régimen tarifario nos recuerda que el clasismo también campea en la prostitución, como se deduce del historial de Ábalos como putero de moda.

El clasismo también campea en la prostitución, como se deduce del historial de Ábalos como putero de moda

Ese historial al menos sirve para reafirmarse en el hecho de que el putero no es un violador. Ni un acosador de mano larga como parecen serlo algunos exponentes de la izquierda tan señalados como Iñigo Errejón, Francisco Salazar y Juan Carlos Monedero.

Que yo sepa, ninguna de las incentivadas amigas del cofundador del sanchismo y exministro de Transportes (presuntamente con dinero público, y eso si es moral y judicialmente imperdonable) se quejó de haberse encamado contra su voluntad, que siempre estuvo debidamente concertada.

Opinión

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En esa plantilla encaja el malestar de las profesionales del sexo, cada vez más reivindicativas y menos sensibles al feminismo de frases enlatadas. Sobre ellas planean la amenaza de una cancelación de su oficio. El abolicionismo las dejaría fuera de la ley y las condenaría a la precariedad laboral.

Al respecto me quedo con una reciente declaración de Carolina Yuste, gran actriz del cine español. Dice: "Debemos abrir el gran debate de por qué ser puta es denigrante". Al tiempo se pregunta por qué el estigma recae en las prostitutas y no en los millones de puteros anónimos de un país como España, campeón de Europa en consumo de prostitución.

La voluntad derogatoria no está generalizada. En la izquierda sigue el debate (¿prohibir o regular?) que cerró su paso al BOE en 2022. La entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, no estaba por la prohibición sin más, sino por la "autonomía económica" de las prostitutas y una educación sexual que desactive la demanda sin sancionar a los consumidores.

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Eso parece más entrado en razón, Y es una posición asumida por los nacionalistas vascos y catalanes de la izquierda (Bildu y ERC). Pero la actual ministra, Ana Redondo, se ha confesado partidaria de incluir la abolición en un futuro anteproyecto "contra la trata y explotación de seres humanos" (justa y necesaria guerra al proxenetismo, por ejemplo), aunque otra parte del Gobierno y del grupo parlamentario socialista prefiere una ley expresamente abolicionista.

Asunto estrella que queda para la vuelta al cole de septiembre.