El cupo catalán se queda en el congelador

Buena noticia, siquiera como espejismo de que el principio de solidaridad -entre personas y territorios- todavía campea en el partido de Sánchez. A no ser que este haya firmado algún protocolo secreto sobre la financiación estatal de la soberanía catalana, el separatismo fiscal en esta parte de España ha pasado a mejor vida.

No queda tiempo para llevarlo a cabo en esta legislatura. Se va a desvanecer como el mal sueño de una noche de verano bajo la luz incierta de este compromiso: Estado y Generalitat mantendrán contactos para negociar el nuevo modelo "a partir de unas reglas comunes", en virtud de las "necesidades y singularidades del resto de los territorios".

Cataluña seguirá en el régimen común, si tenemos en cuenta las encuestas electorales que anuncian relevo en la Moncloa y al tiempo nos fijamos en la humareda verbal de la comisión Generalitat-Estado reunida este lunes en Barcelona.

Los apremios de la vicepresidenta, María Jesús Montero, como candidata andaluza y el asedio judicial al Gobierno por la corrupción de cercanías han motivado la entrada del asunto en el congelador. El original pacto entre partidos queda descafeinado. Lo ha entendido hasta la parte contratante de la primera parte. "Si el PSOE necesita unas semanas más, que se las coja", dijo Oriol Junqueras, líder de ERC, en vísperas de la reunión institucional del lunes pasado.

Opinión

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Por superficial que sea la lectura del "Acuerdo de la comisión bilateral sobre la financiación singular de Cataluña en el marco de la reforma del sistema de financiación sobre la asunción de competencias en el IRPF por la Generalitat" (bote de humo, vaguedades, ni media palabra sobre el principio de ordinalidad, sin calendario, sin cantidades), se desvanece la nube negra de que el próximo modelo de financiación autonómica de régimen común (el actual lleva once años caducado) se diseñaría en función de las necesidades de Cataluña.

El Gobierno ha descubierto que no había agua en la piscina para la jibarización del Estado. Ni para endosarnos la milonga de que singularidad casa con pluralidad, solidaridad con privilegio, bilateralidad con multilateralidad y "cupo catalán" con régimen común.

El Gobierno ha echado el freno por razones de mayor cuantía. Unas, de carácter legal, y otras, de carácter político

Estamos ante unos descafeinados acuerdos que cabrean por igual, aunque por distintas razones, a los independentistas de Junts y a los españolistas del PP. Aquellos denuncian que vamos a pasar del "café para todos" a la "singularidad para todos". Y estos, con la significada voz de Díaz Ayuso por encima de las demás, que estamos ante el "desguace del Estado".

Ni lo uno ni lo otro se ajusta a la realidad. Y además hemos de aplaudir que se haya desmochado la barbaridad escrita en un texto previo a la reunión del lunes, donde se anunciaba que la Generalitat plantearía un modelo de financiación que respetase y costease "la voluntad de autogobierno de Cataluña".

Hubiera sido demasiado el precio de la operación canjeable por el salto de Salvador Illa (PSC) a la presidencia de la Generalitat, ya consolidado con vuelo propio. Insisto en la buena noticia de que el Gobierno haya echado el freno por razones de mayor cuantía. Unas de carácter legal. Y otras de carácter político, como el plante de todas las comunidades de régimen común.

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Son razones que han ido aflorando en el paso del pacto entre partidos (ERC-PSC) al pacto entre instituciones (Generalitat- Administración General del Estado), ambas gobernadas hoy en día por los socialistas.