Caso Montoro, con efecto retroactivo

Entre corruptos anda el juego. Nos movemos en el último estadio de la inmoralidad en la vida pública. La acusación es mutua y va cargada de fundamento, como pedrada de ida y vuelta entre los dos grandes partidos. Nos ilustra sobre la indolencia de su teórico compromiso de lucha contra la corrupción.

Aunque ahora le saquemos punta al caso con efecto retroactivo, los síntomas del favoritismo canalizado por la consultoría de Montoro ya eran clamorosos a finales de 2013, cuando en sede parlamentaria se le preguntó a la entonces vicepresidenta, Sáenz de Santamaría si el ministro tenía alguna relación con Equipo Económico, que por aquel entonces asesoraba a la multinacional Cemex. Y cuando el diputado socialista, Pedro Saura, insinuó que Montoro estaba incurriendo en un presunto conflicto de intereses porque esa consultora había mediado con Hacienda en el caso de esa cementera mexicana, que simuló pérdidas para pagar menos impuestos en España.

Ahora todo eso reverdece a modo de desahogo para Sánchez y sus cotorras mediáticas. Aunque ya no tenga sentido pedir la cabeza política del exministro por empezar a hacer doce años atrás lo que tuvo continuidad en los nombres de Ábalos, Cerdán y Koldo García, bajo las otras siglas. De ahí la infantil pretensión de que el caso Montoro, judicialmente vivo y políticamente amortizado, pueda blanquear a los aparejadores del sanchismo.

Nos sirve como dosis de recuerdo sobre la instrumentalización política de la desvergüenza. Han pasado ocho años desde que Montoro fue reprobado en el Congreso con el respaldo de 197 diputados por favoritismo fiscal y presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo como "contable mayor del Reino" (así se autodefinía en su cruzada contra el déficit público). Aquello fue como si le hubieran fusilado con pistolas de agua, porque de nada sirve ese mecanismo de control al Gobierno.

Aunque ahora le saquemos punta al caso, los síntomas del favoritismo canalizado por la consultoría de Montoro eran clamorosos en 2013

Por aquellas mismas fechas (principios del verano de 2017) un juzgado de Madrid admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Se apuntaba a presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsedad documental. O sea, cuatro de los siete apuntados ahora por el juez de Tarragona (investigación iniciada en 2018) que perseveró en su papel de servidor del Estado, mientras que el ABC y el Congreso bajaban los brazos y el caso se perdía en la polvareda de la moción de censura contra Rajoy (1 junio 2018). La que llevaría al PSOE al poder en su cruzada contra la corrupción del PP.

La historia puede repetirse con los papeles cambiados (depende del sindicato de socorristas de Sánchez). Así de previsibles se han vuelto los ciclos de la política nacional. Montoro ya ha sido repudiado por el PP y Feijóo ha tirado millas con la cantinela de la contundencia y el caiga quien caiga.

Opinión

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Aquí no hay puteros, la veta de oro a explotar electoralmente por el PP de cara al hemisferio femenino del electorado. En lo demás el paralelismo es notable. Los dos casos aparecen hermanados en la tentación de meter la mano en la caja común y en una dinámica similar: trama organizada para favorecer indebidamente intereses particulares a costa del interés general, previo pago por la gestión del intermediario influyente.

En el caso Montoro, el auto judicial describe el modus operandi: patronal que planteaba sus demandas legislativas y fiscales en función de sus intereses, consultora que centraba usando su "red de influencias" y ministro que remataba en el BOE. Pero con la misma desenvoltura que Cerdán denuncia una conjura de altos vuelos contra él, Montoro siempre habló de los "chismes" de quienes querían retirarle de la política. También se le acusó de convertirse en una "anomalía democrática" (por su amnistía fiscal de 2012, después anulada por el TC).