No se llama "lawfare", se llama nepotismo

Los teólogos de la psiquiatría universal estudiarán algún día la variante narcisista de un presidente del Gobierno que, en abril de 2024, apenas cuatro meses después de haber sido investido, amenazó al pueblo soberano con irse a su casa porque un juez había cometido la osadía de empapelar a su esposa por corrupción (presunta, claro).

La variante incluye la pronta cancelación del chantaje, pues en sus consultas de almohada compartida descubrió al capitán Trueno que llevaba dentro y se sintió llamado a combatir a las fuerzas del mal en forma de "desinformación" y "seudomedios".

De aquellos polvos, estos lodos, mientras arde el poco crédito que le queda. Suele ocurrir cuando la personalización del poder se convierte en razón de Estado, como escribía este fin de semana Joaquín Manso en El Mundo. Al choque institucional con todo (CIS, RTVE, Fiscalía y Consejo de Ministros) porque la esposa del jefe lo vale, a partir del mantra enlatado en La Moncloa: "Begoña es inocente". Lo que haga falta para frenar a Peinado, incluido el portazo del sábado en los juzgados de la plaza de Castilla, sin esperar a que lo haga o deje de hacerlo la Audiencia Provincial como instancia de mejor criterio.

El propio juez colabora, harto de verse señalado por animadversión a la esposa del presidente. Si llega el caso, que hable un jurado popular. Es decir, paso atrás del juez "politizado" ¿No era eso lo que se reclamaba? Pero ahora se cuestiona al jurado por la misma razón. Con carácter preventivo hasta se pone en duda la imparcialidad de los ciudadanos madrileños por vivir en el reino de Díaz Ayuso. Lo cual nos lleva a maliciarnos una propuesta encubierta de impunidad en favor de Begoña Gómez por el uso de recursos públicos en sus negocios privados, respecto a lo que, según el juez Peinado, hay indicios "racionales y sólidos". Pues dígase con todas las letras: ¿Se trata de proponer la impunidad para Begoña?

(Abro hilo).

Opinión

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"Son los jueces y no el Gobierno, ni sus ministros, ni sus palmeros, quienes deciden si un justiciable es inocente o culpable"

Es una burla al funcionamiento del Estado de Derecho. Malos tiempos para quienes nos creemos los equilibrios institucionales sobre normas preestablecidas. Viejo dogma. Se llama "imperio de la ley". Lo aprendimos de Roma. Jugar sin reglas es un camino seguro hacia la arbitrariedad. O a la tiranía. Pero tomarse en serio el abecé de la convivencia aquí y ahora es llorar.

A saber:

No es el Gobierno, ni sus ministros, ni sus palmeros, quienes deciden si un justiciable es inocente o culpable. Son los jueces. Y no se llama "lawfare" sino "independencia judicial". Por la misma razón que no son los jueces quienes deciden si hay que romper o no relaciones con Israel. Es el Gobierno. Se llama "separación de poderes". Y si el Poder Ejecutivo invade el fuero del Poder Judicial en defensa de un familiar, solo por ser familiar, lo que está asomando es la sombra del "nepotismo".