Sánchez se lía con el problema de la vivienda

La exención fiscal a los caseros que congelen el alquiler en los 630.000 contratos que vencen este año es una de las ocurrencias "sociales" orientadas a frenar la caída del Gobierno. Pero se equivocan sus ocurrentes si creen que, a estas alturas de la película, calará el mensaje de que la Moncloa no descansa en la tarea de resolver los problemas del ciudadano.

La idea "luminosa" es una propuesta de muy incierto desenlace porque cuenta con la enemiga de la parte más izquierdosa del Gobierno. Aún ni siquiera tiene la forma de decreto-ley que ha de pasar por el telar parlamentario. Allí la aritmética tampoco ayuda. Eso no impide la tormenta palabrera sobre un asunto que, al igual que el nuevo modelo de financiación autonómica, está llamado a perderse en la polvareda política y mediática.

Se trata de perdonar al casero en el IRPF lo que dejaría de ganar subiendo la mensualidad. En teoría, se quieren suavizar los efectos indeseados de la falta de viviendas, aunque no se abordan los vectores reales de la crisis (propiedad y alquiler) debida a muy diversas causas: nuevos hogares por crecimiento de la población, inmigrantes, turistas, inversores al acecho, etc.

La explicación descansa sobre un lugar común: mucha demanda y poca oferta. La receta, tantas veces difundida y tantas olvidada, solo puede ser la que aspire a igualar e incluso a invertir los términos de la ecuación. Y la herramienta disponible es el mandato constitucional que emplaza a los poderes públicos a cumplir y hacer cumplir el derecho a una vivienda digna "regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general" (artículo 47 de la CE).

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Además de mandato constitucional, es un dogma de la izquierda empoderada al frente del Poder Ejecutivo. También la ideología se orienta hacia la movilización de suelo público para crear vivienda protegida, si se pacta una remada conjunta (Gobierno, autonomías y ayuntamientos) en un asunto tan descentralizado. Es el camino más recto hacia la creación de viviendas a precios asequibles y en número suficiente que aumente la oferta y baje o modere los precios de mercado.

Insisto: la ideología y la Constitución proponen la intervención del Estado allí donde el juego oferta-demanda genera situaciones de injusticia social. Coherente con un partido de confesada adhesión socialdemócrata: salir al paso de las perversiones del mercado. Lo mismo que en 2013 fue coherente con una ideología ultraliberal, que una alcaldesa de Madrid, Ana Botella, devolviera al mercado las 1.860 viviendas de protección oficial vendidas a un fondo buitre (Fidere, propiedad de Blackstone).

La operación Campamento de Madrid va en la buena dirección, aunque ha costado 35 años pasar de las palabras a los hechos

Ahora la situación es otra. Este Gobierno se define "progresista", pero solo su parte más extrema (Sumar), así como sus aliados de ERC y Bildu, ponen pie en pared frente a la propuesta verbalizada por Sánchez, que la considera "urgente y contundente", mientras sus socios la tachan de "injusta e ineficaz". Por tanto, no la apoyarán. Se rebelan con razón y hablan de suicidio político y electoral del PSOE.

Es el nuevo lío en el que se ha metido Sánchez con propuestas (también alquiler por habitaciones y de temporada) que no abordan el fondo del problema. El que pide a gritos la movilización de recursos públicos. La operación Campamento, en Madrid, por ejemplo, va en la buena dirección, aunque ha costado 35 años pasar de las palabras a los hechos que, sin necesidad de tocar a los pequeños propietarios (no pocos votantes del PSOE), alivie a los tres millones y medio de familias que viven de alquiler.