Gobierno y PNV en defensa del casero vulnerable

Se ven las soldaduras mal hechas en el escudo social de Sánchez tras el reencuentro con las fuerzas políticas en la revalorización de las pensiones. Ya va en decreto único lo que se rechazó amontonado con otros temas. Y así se desinfla el intento de presentar al PP como enemigo de los pensionistas.

Más incierto es el desenlace en los desahucios prohibidos a raíz de los problemas de familias vulnerables durante la pandemia. No prosperó la prórroga porque las derechas (PP, VOX y Junts) entendieron que fomentaría la "okupación".

No creo que hayan cambiado sustancialmente de opinión después de los retoques. O sea, que si entonces la normativa se estrelló por la derecha ahora puede estrellarse también por la izquierda. Las espadas están en alto ("seguiremos dialogando", dice la ministra portavoz, Elma Saiz). Por la derecha espera el Gobierno atraer a Junts, pero parece que Sumar, IU y Podemos, convencidos de que no hay propietario bueno, recelan de la consigna de salvar al casero vulnerable.

El fallido intento del miércoles pasado se reconduce tras un pacto de la parte socialista del Gobierno con el PNV a espaldas de la izquierda adscrita al sindicato de socorristas de Sánchez. Aparece amontonado con otras iniciativas del llamado "escudo social" (ayudas por la "dana", incendios forestales y el bono social energético, entre otros).

Si el Gobierno prohíbe el desahucio, por ideología o mandato constitucional, lo suyo es que compense al casero.

Más o menos en estos términos: prohibido desahuciar por impago a las familias vulnerables sin alternativa habitacional (unas 60.000 en toda España) cuando el casero es propietario de tres o más viviendas. Si solo tiene una, o dos, y solo una alquilada, adelante con el desahucio, aunque los servicios sociales (municipales y autonómicos) se encargaran de buscar una alternativa a la familia, dejando al casero libre de volver a alquilar la casa.

Véase cómo la negociación del PSOE con el PNV para llevar al BOE el decreto antidesahucios, tan querido por la izquierda, ha parido la figura del "casero vulnerable". Al menos hasta el 31 de diciembre del año en curso (es el plazo de la moratoria). Así que, si el decreto sale adelante, solo al casero con tres o más viviendas en alquiler le afectará el veto al desalojo.

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Los caseros afectados de impago seguirán teniendo acceso a un fondo de compensación ya dotado con 300 millones adicionales. Si el Estado, por razones ideológicas de su Gobierno o incluso por mandato constitucional (habla de Estado "social") prohíbe los desahucios, lo suyo es financiarlo sin trabas burocráticas y sin esperar que el casero le pague los compromisos electorales.

El asunto tiene su calado, acompañado como va de un segundo decreto que blinda el poder adquisitivo de los pensionistas en vísperas de las elecciones aragonesas (22,4% del censo son mayores de 65 años). Puede que también generales sobre un censo de casi 10 millones de pensionistas sobre los que aún está viva la causa electoral del PSOE.

Desde el punto de vista sociológico la distinción entre casero vulnerable y no vulnerable (tres viviendas o más, hasta la condición de los llamados "grandes tenedores") cursa como una frontera entre clase baja y clase media. Y sobre esa movediza línea se libra la batalla entre la derecha (PP, Vox y Junts) y la izquierda (Sumar, ERC y Podemos), con el PSOE y el PNV pasteleando en el medio para lograr una mayoría parlamentaria en estas nuevas entregas del escudo social de Sánchez, con la cuña de los desahucios incluida.