Por qué sí debe ir Griñán a la cárcel

Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad que no se deje guiar por fobias ideológicas sería capaz de ofrecer varios argumentos por los que José Antonio Griñán no debería pisar la cárcel. Por una cuestión humanitaria, ya que tiene 76 años. Por haber asumido ya su responsabilidad política al dimitir como presidente de la Junta de Andalucía. Por haber tenido suficiente punición social en una larguísima pena de banquillo en un proceso que se ha dilatado durante más de una década. Por no haber existido un enriquecimiento personal y acreditar una larguísima trayectoria de responsabilidades políticas sin tacha previa alguna. Por los dos votos particulares contrarios a la condena frente a los tres favorables que recoge la sentencia. Incluso por la larga lista de personas —más de 4.000— que han firmado la solicitud de indulto, entre ellos políticos de partidos adversarios.

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En cambio, para justificar su inmediato ingreso en prisión tan sólo es necesario un motivo: que pesa sobre él una condena en firme por prevaricación y malversación dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Y no hace falta nada más. Porque una cosa son las razones, y otra es la razón.

Lo explica con firmeza y contundencia el auto que concedía diez días de plazo para su ingreso voluntario en prisión. Griñán y otro siete antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía están condenados “a penas de larga duración por delitos cometidos por empleados públicos, que entre sus funciones tenían encomendadas la gestión de fondos públicos, lo que hace que la alarma social producida por este tipo de delitos de corrupción política exija el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes”.

Lo dice la calle con palabras menos técnicas, pero igual de claras. Nadie podría entender que algunas sentencias sean diferentes. No se puede defender que haya condenados de primera y de segunda. Es insostenible llenarse la boca de tolerancia cero contra la corrupción y avalar que alguien culpable de prevaricación y malversación no cumpla su castigo. Que todos los españoles son iguales ante la Ley lo dice el artículo 14 de nuestra Constitución.

Si el Diablo está en los detalles, en un pero cabe el mal absoluto. Y por el sumidero de unos cuantos peros se ha marchado casi todo el prestigio de la política. “Hubo un gran fraude, pero no hubo un gran plan”. “Le han condenado, pero no se ha llevado ni un duro”. “Vale que le inhabiliten, pero no debe ir a la cárcel”. Excusas que se resumen en un “es culpable, pero es de los míos”.

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Nadie en su sano juicio puede sorprenderse del descrédito acumulado, que ha alimentado el crecimiento de formaciones populistas, cuando la forma de actuar de los responsables públicos depende más de las siglas que defienden que de los principios y valores que prometieron o juraron defender.

El partido que construyó la primera moción de censura exitosa de la Historia de España sobre una frase de la sentencia del caso Gürtel, aferrándose a que la corrupción era inherente al Gobierno de Mariano Rajoy, no puede ahora hacer oídos sordos a los 1.205 folios con los que el Supremo argumenta que Griñán es culpable de dos delitos de corrupción. Y mucho menos aún cuando esas afirmaciones a las que se agarró Pedro Sánchez como su salvoconducto hacia la Moncloa “destruyen la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal”, como reprochó el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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Si la cosa va de frases, hay una muy reveladora de la sentencia del Supremo: existe “un conjunto de pruebas que permiten afirmar desde criterios de racionalidad y con la suficiente seguridad que Griñán sabía que las transferencias de financiación eran un instrumento presupuestario ilegal, que sirvió para eludir los necesarios controles en la concesión y pago de las ayudas sociolaborales y también que en esta gestión se incumplió de forma absoluta el procedimiento establecido en la ley, posibilitando la gestión libérrima de los fondos públicos al margen de todo control”.

Sería interesante que Pedro Sánchez la leyera, hiciera un comentario de texto y después explicara a qué se refería cuando afirmó que con la condena a Griñán “pagan justos por pecadores”. Si sobre el justo pesa una condena a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, ¿quiénes serán los pecadores? Y sobre todo, ¿cuáles serán sus pecados?

El mismo Gobierno que hizo una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, no sólo cuestiona sentencias como la de los ERE e indulta a los condenados por el Procés, sino que plantea derogar el delito de sedición y reformar el de malversación. Y, de postre, acusa a los jueces de machistas por reducir condenas por abusos sexuales en aplicación de una Ley aprobada por él. Y todavía habrá quien finja sorpresa, a la manera del cínico capitán Renault ante el juego en el local de Casablanca, por el descrédito del sistema judicial.

Es imposible no empatizar ante la desolación de Griñán, quien se enfrenta a un suplicio como epílogo de una pesadilla, pero la mejor explicación a su situación está en sus propias palabras. En la respuesta que da a su hijo Manuel, en su libro de memorias Cuando ya nada se espera, ante su pregunta de si había merecido la pena meterse en política. “Luchar como hizo mi generación por una convivencia amable entre españoles, por un país tolerante y abierto; luchar en definitiva por la conquista y preservación de la democracia es una tarea irrenunciable”. Y preservar la democracia, por más que duela, es demostrar que el sistema funciona y acatar las sentencias.