Financiación autonómica, mentiras y vídeos virales

Triunfan en estos días, alentados por esa aspiración de viralidad que mueve a los usuarios de las redes sociales, unos vídeos que exhiben con crudeza el radical cambio de opinión de diferentes personas sobre la posibilidad de conceder la amnistía a los condenados por los hechos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. En ellos, la capacidad de sus protagonistas para defender con vehemencia primero un argumento, y posteriormente otro absolutamente opuesto sin torcer el gesto, invita a la risa o a la más profunda indignación, según el estado de ánimo en el que te encuentres al verlo.

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En esta política actual, ya más gaseosa que líquida, lamentablemente no debería sorprendernos esta manera de enmendarse a sí mismos, estos “autozascas”, por emplear la terminología más usual en los foros por los que se comparten esas imágenes. No obstante, en este caso llama poderosamente la atención tanto por lo abrupto del bandazo como por el escaso tiempo transcurrido entre una afirmación y su contraria. Porque no se trata de valorar la oportunidad o necesidad de otorgar esa amnistía, algo sin duda sujeto a interpretaciones, sino de sostener que es perfectamente legal y constitucional cuando antes se descartaba tajantemente.

Evolucionar y modificar el pensamiento sobre alguna cuestión no sólo es posible, sino por lo general sano y necesario. El problema es cuando entre una y otra idea tan sólo ha variado que los votos de los independentistas catalanes ahora son necesarios para formar Gobierno. El hecho de que algunos de los recogedores de cable de los vídeos en cuestión no sean políticos, que al fin y al cabo son rehenes de los argumentarios y las necesidades partidistas, sino periodistas y tertulianos, merecería una reflexión más profunda.

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Contemplar a unos y otros desdecirse sin rubor alguno en estos vídeos resulta muy sintomático, pero no deja de ser una anécdota. Lo verdaderamente inquietante son las consecuencias que tienen esos cambios de opinión, ese burdo mercadeo en el que se ha convertido la búsqueda de la gobernabilidad. Lo grave no es ofrecer condiciones para un acuerdo, sino ceder ante las exigencias, sin importar cuáles sean ni si obligan a realizar estas piruetas verbales para intentar justificarlo.

Ocurre además que quien exige es ambicioso como un sátrapa e insaciable como un niño en domingo, por lo que, si no se le ponen límites, las consecuencias las acaban pagando los mismos de siempre. Porque las partidas millonarias en los Presupuestos Generales del Estado se dan por descontadas. Los indultos ya parecen poca cosa una vez concedidos. Y si la amnistía deja de ser un anatema para contemplarla como un “alivio penal”, entonces la siguiente ficha en caer es la del referéndum. Y eso es precisamente lo que temen los ciudadanos de comunidades sin partidos propios con un peso parlamentario que les haga imprescindibles.

Porque ver a un político hacerse una autoenmienda a la totalidad sin pestañear puede provocar una sonrisa o vergüenza ajena. Pero comprobar cómo cambia de opinión según le interese en cada momento cuando están en juego las inversiones que garantizan la prestación de unos servicios dignos ya no hace tanta gracia.

Que se lo digan a los andaluces. Hace unos días, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, lanzaba un guiño a Cataluña anunciando una reforma “urgente” del modelo de financiación autonómica. En 2014, cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, exigió con vehemencia al Gobierno de Mariano Rajoy un reparto “que otorgue recursos suficientes para desarrollar las competencias y que sea equitativo, eliminando las profundas desigualdades que existen en la actualidad”.

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En marzo de 2018, con la cuestión aún sin resolver, Montero como consejera lideró una iniciativa llevada al Parlamento andaluz que fructificó en un pacto para presentar al Gobierno central una propuesta de financiación que reclamaba hasta 4.000 millones de euros más al año para la comunidad autónoma. Fue un acuerdo suscrito de manera conjunta por el PSOE, IU, Podemos e incluso el PP, que se atrevió a reivindicar ante Rajoy lo que consideraba justo.

Tan solo tres meses más tarde, después de la moción de censura, Montero se convirtió en Ministra de Hacienda, un cargo en el que ha cumplido cinco años en los que no ha tenido tiempo, o ganas, de cambiar un modelo de financiación autonómica que consideraba tan injusto para Andalucía cuando era consejera. Justo ahora, está por definir si en calidad de responsable de Hacienda o de vicesecretaria del PSOE, asegura que es algo prioritario para Pedro Sánchez, enseñando ese comodín como baza de negociación con ERC y Junts.

“No consentiremos que se use la financiación autonómica como moneda de cambio para solucionar problemas territoriales”, decía Montero en octubre de 2014, aludiendo al temor de que Rajoy ofreciera contrapartidas a los independentistas para que aflojaran en sus planteamientos soberanistas. Y es que, como dijo André Maurois, “En una discusión, lo difícil no es defender nuestra opinión, sino conocerla”.