Caso ERE: Mateo, capítulo 23, versículo 3

Como ver al médico con el que acabas de pasar consulta fumándose un cigarro en el pasillo en un receso. Igual que el profesor de instituto que hace scroll compulsivamente en su móvil mientras sus alumnos se enfrentan a un examen. Lo mismo que un nutricionista atiborrándose a grasas trans. Ése es el efecto que produce observar las últimas decisiones del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, coronadas con la tramitación de los indultos a los condenados por el caso de los ERE, uno de los más flagrantes ejemplos de corrupción política, que supuso el expolio de casi 680 millones de euros de dinero público, repartidos sin control alguno de manera arbitraria por intereses particulares y partidistas. Tal es el contraste entre lo que anunciaron sus declaraciones y lo que demuestran sus actos.

Desde la conversación grabada en abril de 2009 por dos empresarios, que destapaba el intento de extorsión de los dirigentes de Mercasevilla, hasta la confirmación de la condena a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por parte del Tribunal Supremo en julio de 2022, pasaron 13 años en los que actualidad política andaluza, y la nacional, no dejó de despertarse ni un solo día con alguna vergonzante revelación más. Pero, incluso después, ha continuado generando noticias el catalogado como el caso de corrupción más importante de la historia de la democracia en España, como la no entrada en prisión de Griñán por motivos de salud.

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El último hito, que tristemente quizás ya ni siquiera ha sorprendido a algunos, es la confirmación de que el Gobierno ya gestiona la medida de gracia para los condenados. Cierto es que, una vez recibida la petición, por ahora tan sólo está cumpliendo con su obligación de solicitar un informe al Tribunal sentenciador para que se pronuncie acerca de su conveniencia. Aún no ha concedido indulto ninguno, ni tampoco podría hacerlo estando en funciones. Pero, vistos los numerosos precedentes en los que Pedro Sánchez y sus ministros han negado rotundamente algo para terminar haciéndolo, ya han saltado las alarmas.

Porque no puede dejar de sorprender esa distancia abismal entre sus palabras y sus hechos. La persona que se convirtió en presidente del Gobierno a través de una moción de censura presentada con la excusa de que la sentencia del caso Gürtel invalidaba al PP para estar en el poder, ahora indulta a condenados por prevaricación y malversación y hasta coquetea con la amnistía sin rubor alguno.

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"Están normalizando la corrupción. Están diciendo a los españoles que deben mirar para otro lado de esta enfermedad crónica", le espetó Pedro Sánchez a Mariano Rajoy desde la tribuna en mayo de 2018. "¿Cuando llegue la sentencia de los ERE se pondrán una moción de censura a sí mismos?", ironizó el expresidente popular en la réplica. Cinco años después, la respuesta flota en el aire: ¿Para qué? Si es mejor autoindultarse…

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La hemeroteca es cruel como un tirano e implacable; como un policía en prácticas y cuanto más rastrea, más joyas descubre. Ya es de por sí sorprendente la diferencia entre presentarse como garantía frente a la corrupción para posteriormente rebajar el delito de malversación. O reiterar por activa y por pasiva que la amnistía para los separatistas catalanes condenados no cabía en la Constitución y ahora decir que "no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España". Pero echar la vista atrás y comprobar cuál era el listón ético que establecía Pedro Sánchez para su Gobierno y hasta dónde lo ha ido bajando provoca alipori.

Hace ocho años, en noviembre de 2015, el entonces candidato Pedro Sánchez firmaba el Código Ético del PSOE en un acto solemne como un compromiso irrenunciable. "Voy a liderar un gobierno limpio que tenga entre sus principales preocupaciones y ocupaciones luchar contra la corrupción en toda España", proclamaba.

Los ciudadanos necesitan certezas a las que aferrarse, valores seguros a los que anclarse y responsables públicos de los que fiarse

Entre las medidas suscritas en el documento estaba prohibir la concesión del indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción. “Si soy elegido presidente del Gobierno, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados, no aprobaré amnistías fiscales vergonzantes que protegen a los grandes defraudadores”, afirmaba. De lo que no dijo nada es de negociar investiduras con prófugos de la Justicia, conceder amnistías a condenados por sedición o tramitar indultos a malversadores y prevaricadores. De Máximo Huerta sacrificado a Carles Puigdemont canonizado.

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Los ciudadanos necesitan certezas a las que aferrarse, valores seguros a los que anclarse y responsables públicos de los que fiarse. Y para toda aquella persona que piense por ella misma y no entienda la política como un juego de los míos contra los otros cada vez resulta más difícil. No existe la confianza cuando los límites son tan fluidos como las proclamas que se defienden, cuando los criterios se modifican a la misma velocidad que se tarda en cambiar un argumentario. El caso de los ERE ya ha acumulado suficientes motivos para la vergüenza colectiva como para tener este tristísimo epílogo. Escrito está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 3: "Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican".